Cayeron muertos por herida de bala. Los proyectiles de armas de uso exclusivo del Ejército, AK-47 o cuerno de chivo, atravesaron sus cuerpos al ser emboscados en el paraje Los Pinos, comunidad La Sabana, en la zona triqui dominada por la organización Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

 

Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y Jiry Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés, viajaban al frente de la caravana de paz que pretendía llevar víveres a los habitantes de San Juan Copala. Su trabajo humanitario quedó cegado luego de que un grupo paramilitar de la Ubisort atacara a los activistas, maestros y periodistas.

 

A un año y cinco meses de los crímenes –en donde además hubo más de una decena de heridos y cuatro personas desaparecidas por un lapso de 60 horas– no existe ningún responsable aprehendido. “Éste es un problema de impunidad, que prevalece en todo el país”, opinan las diputadas del Parlamento Europeo, Satu Hassi y Franziska Keller.

 

En entrevista con Contralínea, las eurodiputadas hacen un balance de la situación de acoso y hostigamiento que se vive en San Juan Copala y en el país. “En una visión europea es inconcebible que una población [haya] sido sacada de su comunidad, y a más de un año no pueda volver”, comenta Satu Hassi, de origen finlandés.

 

 

De visita en México, Satu Hassi y Franziska Keller mantuvieron reuniones con altos funcionarios de los gobiernos federal y de Oaxaca, y con el gobernador de esa entidad, Gabino Cué Monteagudo. En las pláticas se reafirmaron compromisos pactados con la administración de Felipe Calderón y el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz.

 

Entre las “promesas” se encuentra el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 27 de abril de 2010, con la detención de los responsables y garantizar el regreso de la población desplazada a su comunidad.

 

“Vemos que hay voluntad política por parte del gobernador Gabino Cué”, señala la parlamentaria finlandesa, Satu Hassi. Sin embargo, “aún es difícil juzgar si esa voluntad penetrará a todas las capas de su gobierno. La prueba esencial es que con la identificación de los culpables sean llevados a la cárcel”.

 

Para la diputada de origen alemán, Franziska Keller es importante que se lleve a cabo una responsabilidad conjunta, a nivel estatal y federal, para garantizar la justicia. “Lo que definitivamente ha cambiado es la actitud del gobernador de Oaxaca. Pero también sabemos que hay problemas clave, como la protección a testigos o la falta de encarcelamiento de inculpados. No hay un progreso real”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las representantes del Parlamento Europeo solicitan una investigación correcta, protección de los testigos y el retorno de los habitantes de San Juan Copala a su comunidad.

 

“La gente está muy desesperanzada, no hay seguridad. Nos dijeron que para ellos es clave que los inculpados sean arrestados. Sólo así tendrán seguridad de regresar [a sus tierras]. Resolver el caso completo es parte de volver a [tener] una vida normal en San Juan Copala. Hasta ahora no hay garantías que a ellos les parezcan satisfactorias”, comenta Franziska Keller luego de haber sostenido un encuentro en el zócalo de Oaxaca con los indígenas triquis.

 

Desde junio pasado, unas 300 familias viven asentadas en campamentos en el centro de esta ciudad, después de haber realizado un recorrido por Oaxaca, Puebla, Estado de México y el Distrito Federal en exigencia de garantías y paz para regresar a su centro ceremonial.

 

Como parte del trabajo desarrollado en México, con las diversas instancias gubernamentales y de derechos humanos, las eurodiputadas llevarán un informe de las actividades realizadas al Parlamento Europeo, que será adjuntado a todas las embajadas representadas en el país. Entre las acciones que se tienen previstas para exigir la aprehensión de los responsables, los padres de Jyri Jaakkola realizarán una tercera visita a México en los próximos meses. Satu Hassi indica que “aún no se ha decidido la fecha, pero si el caso no se resuelve van a haber más visitas. De tal manera [que] se puede suponer que el caso es seguido por el Parlamento Europeo a alto nivel”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Peña, abogado del Municipio Autónomo, explica que éste se encuentra abierto en dos instancias, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJ). En la primera por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delincuencia organizada; en la segunda, por delitos del fuero común: lesiones, homicidio y la privación ilegal de la libertad.

 

El problema sustancial, explica Peña, es que a nivel federal no se tienen las armas para acreditar la portación, ni testimonios que confirmen el hecho de delincuencia organizada. “No hay ninguna red de investigación que nos señale cómo actúan los grupos ni quiénes los financian”. Para ello, se han solicitado investigaciones al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la PRG, y a Inteligencia Militar “y nadie tiene nada, no se puede vincular. Se necesita gente de adentro que explique cómo funciona, quién aporta el financiamiento y cómo está [constituida] la estructura”.

 

El abogado defensor de derechos humanos señala que “el problema es que el gobierno [federal] dice que no existen mecanismos para proteger a los testigos, no hay un programa institucional. El que tiene [la] PGR es de protección a criminales redimidos. Si eres una persona que quiere acusar a un delincuente no hay ninguna protección para ti. No hay un marco jurídico adecuado, pero además no hay una visión de política pública que tenga que ver con esta situación”.