La Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ya no cuenta con el respaldo de organizaciones no gubernamentales ni de defensores independientes. Integrantes de la sociedad civil apenas mantienen una relación limitada con el organismo pues, aseguran, ha fallado como promotor y defensor de los derechos humanos. La Auditoría Superior reprueba su desempeño: incurrió en un subejercicio de más de 4 millones de pesos y no pudo acreditar el cumplimiento de los 33 tratados internacionales en la materia firmados por México
Auditores y organizaciones no gubernamentales coinciden: la Secretaría de Gobernación (Segob) falló como garante de la promoción y defensa de los derechos humanos en México.Los registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lo confirman. En lo que va del sexenio, los expedientes de queja que concentra este organismo aumentaron en 198.1 por ciento: en 2007 fueron 5 mil 244 y en 2011 sumaron 10 mil 392.
Además de un subejercicio de 4 millones 297 mil 800 pesos, de los 28 millones 748 mil que integraron el presupuesto de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (UPDDH), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, reporta que ésta no acreditó el cumplimiento de los 33 tratados internacionales de derechos humanos de los que hasta ese momento México formaba parte.
La UPDDH –presidida desde agosto de 2010 por Omeheira López Reyna– está facultada para promover, coordinar, orientar y dar seguimiento a los trabajos en la materia, como establece el artículo 21 del Reglamento Interior de la Segob.
El máximo órgano de fiscalización del país señala, asimismo, que no satisfizo el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, pues cumplió parcialmente tres de sus cuatro objetivos y las dependencias de la administración pública federal sólo realizaron actividades en el 41.2 por ciento de sus 311 líneas de acción; y que el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de la Segob no registró los esfuerzos realizados por el Ejecutivo para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CNDH.
A partir de su experiencia, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos consideran que la UPDDH de la Secretaría de Gobernación es una instancia “poco seria”, que “no se compromete” y que “no ofrece resultados”.
Silvano Cantú Martínez, director de Incidencia e Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dice que es un elefante blanco que, sin embargo, sirve al gobierno mexicano como “blindaje” ante los medios de comunicación, la opinión pública y, sobre todo, ante el escrutinio internacional.
El también profesor en la maestría en derechos humanos y democracia, que imparte la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, considera que la ineficacia de esta Unidad no responde a la “mala fe” de los servidores públicos que la integran, sino a su “ineptitud”. Lamenta que en lo que va de su gestión, López Reyna, “una burócrata de los derechos humanos”, no haya tenido “ni la sensibilidad ni la capacidad para imponerse o convencer a sus superiores” de atender los reclamos de la sociedad civil.
—Si jugamos a la metáfora del futbol, la UPDDH sería el portero. No es un árbitro o un juez de línea que vigile que no se cometa faul. Está más bien encargado de evitar que le metan goles al gobierno federal.
José Rosario Marroquín Farrera, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), explica que la “buena relación institucional” que sostienen con la Unidad no significa que ésta “haya sido eficiente”.
Asegura que, en contraste con lo que se presume “al exterior”, el gobierno mexicano sólo muestra disposición para generar cambios “cosméticos”, que “no transforman la estructura del Estado”. Por ejemplo, las violaciones a derechos humanos relacionadas con el fuero militar o los megaproyectos “que tocan intereses fuertes” son desestimadas.
Para Francisco Cerezo Contreras, coordinador del Comité Cerezo México, la UPDDH, creada el 30 de julio de 2002, es un “invento” de las administraciones del Partido Acción Nacional para “aparentar” ante los “gobiernos extranjeros” que el gobierno federal cuentan con una estructura encargada de salvaguardar los derechos humanos.
Segob, fallas operativas
Como consta en la Auditoría de Desempeño 10-0-04100-07-0141 realizada a la Secretaría de Gobernación, en concreto a su Unidad para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el dictamen respecto del cumplimiento del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 y de los tratados internacionales en la materia es negativo.
La ASF documenta fallos en los mecanismos de operación. Por ejemplo, atribuye el incumplimiento de los 33 tratados internaciones en materia de derechos humanos signados por el Estado mexicano a la falta de una unidad administrativa que vigile el cumplimiento de los preceptos constitucionales, como es el caso del Artículo 133 relativo a la supremacía legislativa de estos tratados.
También señala que la Segob no estableció acciones de coordinación y seguimiento con la Secretaría de la Función Pública para vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.
En lo que respecta a la UPDDH, advierte que sus nueve programas de trabajo carecen de actividades, metas programadas y avances de las acciones; que no tiene un manual de procedimientos específico; y que su sistema informático de seguimiento de las recomendaciones turnadas por la CNDH a las dependencias de la administración pública federal presenta limitaciones.
Los integrantes del Comité Cerezo México entienden lo que describen los auditores. Francisco Cerezo explica que en el contexto de las medidas cautelares dictadas a favor de la organización que representa, la UPDDH, encargada de coordinar y en su caso de instrumentar dichas medidas, tardó más de un año en colocar un circuito cerrado de cámaras de video en su domicilio.
—¿El procedimiento para ejecutar las medidas cautelares no es ágil? –se le pregunta.
—No, no es rápido. Siempre van a decir que no hay presupuesto o que son cuestiones administrativas que se tardan mucho. Realmente no hay un interés.
El defensor de derechos humanos menciona que en estos casos las organizaciones involucradas tienen que presionar a la Unidad para que emprenda las gestiones necesarias pues, de lo contrario, ésta no muestra voluntad.
Para José Rosario Marroquín, la “poca capacidad operativa” que caracteriza a la UPDDH es reflejo de lo ínfimo que resultan los derechos humanos para el gobierno federal.
Al Centro Prodh le ha tocado acompañar la solicitud de medidas cautelares de diversas organizaciones. La experiencia es la misma que la del Comité Cerezo: la Segob argumenta que no tiene personal, capacidad para articularse con otras instancias o los recursos necesarios. Por eso, Marroquín Farrera lamenta el subejercicio del 14.9 por ciento del total de los recursos otorgados a la UPDDH para el ejercicio fiscal 2010.
—Creemos que es un presupuesto bajo [el de la Unidad], pero al menos tendría que emplearse bien. Y de lo que nos enteramos precisamente en esta auditoría es de que no se han ejercido todos los recursos. No es que los hayan tenido que gastar, pero sí había ocasiones propicias para hacerlo, por ejemplo, cuando los defensores solicitaban medidas de protección.
Organizaciones limitan su trato con Segob
El 6 de diciembre 2011 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) comunicó a Alejandro Poiré Romero que no participaría más en la Subcomisión de Armonización Legislativa, de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, en la que fungía como coordinadora de la sociedad civil.
El objeto de la Comisión de Política Gubernamental es coordinar a nivel nacional e internacional las acciones que realizan las dependencias de la administración pública federal en materia de derechos humanos, así como establecer los mecanismos de cooperación con la sociedad civil para el diseño de políticas públicas.
En el oficio dirigido al secretario de Gobernación, Poiré Romero, la CMDPDH expone los motivos de su decisión: “La realización de forma unilateral del acto público de reconocimiento con motivo del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla”; y la “omisión” y “negligencia” de la Segob en la “adopción de medidas urgentes de protección a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos”.
“La Subcomisión de Armonización Legislativa ha sido el escenario de importantes agendas y proyectos de trabajo, pero ha rendido resultados pobres debido al débil compromiso de las dependencias y entidades gubernamentales participantes”, se lee en el documento de dos cuartillas.Firme en su decisión de abandonar esta instancia de “interlocución” con el gobierno federal y, por tanto, de limitar el trato al seguimiento y litigio de casos concretos, Silvano Cantú asegura que participar en la Comisión de Política Gubernamental resultaba “una pérdida de tiempo”.
—El espíritu que tiene esta Comisión de generar una interlocución efectiva con la sociedad civil ha fracasado. No hay condiciones de apertura sincera, de diálogo franco como para considerar que nuestra presencia ahí tenga algún efecto positivo en la defensa de los derechos humanos. Nos parece que es un órgano que se ha vuelto ornamental, que generó muchas expectativas que no cumplió. El trabajo de la Comisión se ha reducido a discusiones interminables que jamás llegan a cristalizarse en compromisos o acciones por parte del gobierno federal.
El director de Incidencia e Investigación de la CMDPDH refiere una razón más para separarse de la Comisión de Política Gubernamental de la Segob: “No estamos dispuestos a avalar una política que a nivel internacional se presume como un logro de apertura, de participación democrática y de compromiso con los derechos humanos, cuando en realidad se trata de una mesa que no da ningún resultado”.
Al igual que esta asociación civil, diversas organizaciones han restringido su relación con la Segob. Es el caso del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien desde la administración de Vicente Fox Quesada dejó de asistir a las reuniones de la Comisión de Política Gubernamental. Es un “espacio que no resulta operativo y que solamente parecía legitimar las acciones del gobierno”, señala José Rosario Marroquín.
En tanto, el Comité Cerezo se retiró de las reuniones con la Segob que buscaban generar las directrices y lineamientos de un mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas. Sus observaciones encaminadas a crear una ley que pudiera trascender el sexenio no fueron incluidas en los documentos de trabajo.
La organización que acompaña a víctimas de represión por motivos políticos optó, en cambio, por participar en el proceso que emprendió el Senado, mismo que ya rebasó el de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. El 24 de abril pasado, la Cámara de Senadores aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
A decir de Silvano Cantú y José Marroquín, en el seno de la Segob el proceso de discusión de este mecanismo fue “muy accidentado”; en síntesis, “una historia de retrasos, demoras, postergaciones, de estar hablando de posibilidades pero sin aterrizar nada”. Por ejemplo, las reuniones se suspendieron en julio de 2011, luego de que Mariano Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina, acusó a la delincuencia organizada de utilizar como “bandera” el tema de los derechos humanos.
A través de Dora Angélica González Lima, subdirectora de Eventos del área de Comunicación Social de la Segob, se solicitó entrevista con Omeheira López Reyna, jefa de la UPDDH. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
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