En 2010, los internos del sistema carcelario chiapaneco sufrieron acoso, intimidación y violencia atribuidos a integrantes de la Policía Federal, Federal Ministerial, Estatal Preventiva y Ministerial, señala un informe del Centro Fray Bartolomé de las Casas. Además, revela violaciones graves a los derechos humanos de los presos y sus familiares, como tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, desnudez forzada, violencia sexual y hacinamiento. El gobierno de Chiapas niega las acusaciones

“Como a las tres o cuatro de la mañana, entraron militares, sectoriales y no sé quiénes más. Entraron disparando armas, tirando gases. Se escuchaban como bombas”, indica el testimonio de Juana.

Desde una ventana de la unidad femenil del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) El Amate –ubicado en el municipio de Cintalapa, Chiapas–, la interna observó lo que ocurría del otro lado, donde están recluidos los hombres.

Era la madrugada del 24 de julio de 2010. Integrantes de la Policía Federal, Policía Federal Ministerial, Policía Estatal Preventiva y Policía Ministerial local ingresaron al área de la población varonil para poner fin a un supuesto motín, indica el Informe especial. Violaciones a los derechos humanos en el sistema carcelario en Chiapas, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

“Nosotras tenemos familiares allá y no nos dan información. Están esposados, golpeados, ensangrentados. Desde la ventana del (sector) femenil, se ve todo. Ellos están sufriendo. También a las visitas les aventaron gases”, señala Juana en su denuncia.

El Frayba considera que, en el operativo, se hizo un uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública. Los gases lacrimógenos, indica, dejaron un número no precisado de hombres, mujeres, niñas y niños lesionados.

“Supuestamente entraron a un cateo, pero no es cierto, porque golpearon a todos los internos… Hasta los desvistieron. Desde el miércoles, que ellos (los presos) se pusieron en alerta, les dejaron de pasar agua, alimento y todo eso”, relata Marcelina en un segundo testimonio recabado por el Frayba.

María, interna en El Amate, se queja porque, tras esa incursión, no recibió sus medicinas. “Mis hijos están afuera y no los dejan pasar. Ellos me traen los medicamentos porque no puedo caminar, pero no los dejan pasar”.

Después de solicitar medidas cautelares al gobierno de Chiapas para la protección de la población interna de El Amate y de sus familiares, el Centro de Derechos Humanos recibió un informe firmado por el subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y de Medidas de Seguridad, Gustavo Francisco Ferreira Jiménez.

En dicho documento, el servidor público asegura que el operativo policiaco se llevó a cabo “no con el afán de transgredir los derechos humanos o fundamentales de los internos, sino con el único propósito de salvaguardar la integridad física de la población en general, mantener el orden y la estabilidad de la institución penitenciaria”.

Ferreira Jiménez asegura, en entrevista con Contralínea, que en el sistema carcelario de Chiapas se respetan los derechos humanos tanto de la población como de sus familiares.

Diez transgresiones

En su Informe especial, el Frayba detecta y denuncia que, durante 2010, se registraron 10 principales violaciones a los derechos humanos de los reos y sus visitas.

Basado en 17 denuncias suscritas por 2 mil 142 personas, testimonios, investigaciones y diversa documentación, el Informe señala que los reclusos son víctimas recurrentes de hacinamiento; tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes producto de la violencia y las malas condiciones de detención; infraestructura y condiciones higiénicas y sanitarias deficientes; falta o insuficiencia de atención médica; escasez y/o inadecuada calidad de alimentos; inseguridad jurídica de las personas privadas de su libertad, incluyendo la falta a un recurso efectivo ante la ley; falta de acceso a la educación, trabajo y recreación, y traslados forzados.

Además, internos y familiares –éstos, en su calidad de visita en los penales– padecen desnudez forzada y violencia sexual. El subsecretario Gustavo Ferreira sólo admite el hacinamiento, que “es un tema nacional, e incluso se presenta en muchas partes del mundo”.

Refiere que las cárceles chiapanecas tienen entre un 22 y un 23 por ciento de sobrepoblación, debido a los reos federales. “Si no tuviéramos internos federales, no tendríamos sobrepoblación”. Agrega que las autoridades estatales trabajan para combatir este problema: “En la prevención del delito, porque salen 20 y entran 30 presos; en el trabajo y la educación, para incentivar las preliberaciones; y en los traslados de los internos federales a las Islas Marías”.

Respecto de los traslados, asegura que éstos no son forzados ni se utilizan como represalia. El testimonio de Raymundo, originalmente recluido en el CERSS número 5 de San Cristóbal de las Casas, plantea lo contrario. El 8 de octubre de 2010, “me sacaron de la celda, me bajaron a un área obligándome a arrancar zacate con las manos y el día 9 me golpearon a fin de que no levantara la vista; el día 13 fui obligado a firmar unos documentos: me agarraron la mano, me pintaron la palma y me hicieron que apareciera mi huella en una hoja en blanco”.

Raymundo, señala el Frayba, fue trasladado forzosamente al CERSS 6 de Motozintla como forma de castigo.

Violencia sexual

En el CERSS 10, ubicado en Comitán de Domínguez, “hemos recibo maltrato tanto para la visita que llega al penal como para los mismos internos (…) Llegando, nos llevan al área médica a realizarnos una revisión vía vaginal; no sólo se trata de nosotras (adultas), sino que también de las menores de edad”, denuncian 34 personas.

Al respecto, Ferreira Jiménez dice que la queja es “definitivamente una mentira. Las revisiones vaginales sólo se realizan a mayores de edad y, únicamente, cuando los aparatos electrónicos [GT200, especializados en detección de estupefacientes] descubren alguna anomalía”. El funcionario cita que en el 95 por ciento de los casos, el personal médico encuentra que sí se transportaba droga en la vagina.

“Estas quejas de las mujeres son porque se afectan los intereses de la mafia que opera al interior de los penales”, asegura Ferreira Jiménez. Agrega que los directivos, el personal médico y los celadores han recibido amenazas, pues las mujeres que son sorprendidas en ese delito son puestas a disposición del Ministerio Público federal.

Para el Frayba, al incurrir en ese tipo de prácticas, el personal del Centro de Reinserción comete tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. En sus conclusiones, indica que “las inspecciones vaginales que están imponiendo las autoridades penitenciarias constituyen violencia sexual y, por lo mismo, tortura; ambas figuras, sancionadas por los tratados internacionales en la materia”.

Añade que, “en cuanto a la protección de los niños y las niñas que visitan a sus padres en los centros penitenciarios, se desprende la violación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual establece que los niños podrán mantener contactos y relaciones personales con sus padres, y que no serán sometidos a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Las autoridades penitenciarias están poniendo en un peligro grave su integridad física y sicológica; esto va en contra del interés superior del niño”.

En esa misma queja, los 34 firmantes señalan que “dentro del penal hay corrupción entre el director. Éste manda a traer a los internos, a quienes los gasea (sic) y les pega; pero es inteligente, porque los aísla unos días de su visita y de la población interna para que no los vean golpeados o maltratados por los mismos custodios por órdenes del director”.

Negar la protesta

Otro método de tortura contra los internos es negarles su derecho a protestar; tal es el caso de Juan, preso en el CERSS 13, ubicado en el municipio de Tonalá.

“El 5 de noviembre de 2010, a la 07:00 horas, Juan se puso en huelga de hambre y posteriormente se comunicó al Frayba por teléfono, para dar a conocer sus acciones. Manifestó recibir amenazas y que le fue negada el agua para sostener su huelga de hambre”, señala el Informe especial.

Cuatro días después, el Centro recibió tres cartas de Juan, en las cuales denuncia las malas condiciones en las que viven los reclusos. “Es con la finalidad de exponerles las represalias que he venido sufriendo por parte del director Arturo Gutiérrez Bolaños y su alcaide Rogelio Ángel Camacho… El día 31 de octubre nos dieron carne podrida. Toda la población se enfermó de diarrea… Acá en el penal hay muchas inconformidades de parte de los presos, pero nadie se atreve a denunciarlo por temor a que sean encerrados, intimidados por el director con las amenazas de traslado”.

De acuerdo con el Frayba, Juan fue aislado por denunciar. “El 3 de diciembre, a 29 días de huelga de hambre, a Juan no se le respeta su derecho a la protesta, se le ordena que levante la huelga a través de hostigamiento, malos tratos y negación de asistencia médica”.

El subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y de Medidas de Seguridad de Chiapas, Gustavo Ferreira, asegura a este semanario que en ningún caso se ha impedido a los internos denunciar o protestar. “Se respetan las huelgas de hambre. Generalmente, protestan por su libertad, pero nosotros no tenemos jurisdicción para liberarlos”.

El servidor público agrega que “sí se intenta convencerlos de que los médicos los revisen, pero en ningún momento se les obliga a comer”.

Violaciones sistemáticas

En su Informe especial, el Frayba concluye que las violaciones sistemáticas a los derechos de los reclusos y reclusas en Chiapas constituyen formas de tortura. “Los internos y las internas están sufriendo formas de tortura sicológica al estar sometidos a aislamientos, desnudo forzado, humillación cultural y sexual”.

La humillación cultural también se ha extendido a los familiares, denuncia el Frayba. El 7 de agosto de 2010, a Rosario se le negó el acceso al penal 15 de Copainalá, donde se encuentra preso su esposo. El argumento de las autoridades penitenciarias fue que el traje regional que vestía no se “encuentra permitido”.

Ese mismo día, el Centro de Derechos Humanos recibió una carta suscrita por internos de ese CERSS, en la cual exigen: “1) que les respeten sus usos y costumbres; 2) que se dé el acceso a sus familiares; 3) que se permitan la entrada de despensas y accesorios de uso personal; 4) que se deslinden responsabilidades de las autoridades; 5) alimentos dignos, porque los que nos dan están mal preparados y nos provoca malestar; 6) que no haya represalias contra los que están haciendo la movilización”.

Para el Frayba, es importante recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en contra de esas violaciones relacionadas con las penas corporales: “La detención en condiciones de hacinamiento, el aislamiento en celda reducida, con falta de ventilación y luz natural, sin lecho para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene, y la incomunicación o las restricciones indebidas al régimen de visitas constituyen una violación a la integridad personal”.

Ante ello, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas considera que “deben de cesar de inmediato los tratos crueles, inhumanos y degradantes y los actos de tortura que prevalecen en las prisiones de Chiapas; que se respete a las familias y visitantes de las y los internos de acuerdo a su dignidad humana; que la información sobre los derechos, obligaciones y prohibiciones que tiene el interno se proporcionen de forma clara y pronta, ya que hay una falta de conocimiento y, por lo tanto, aislamiento en cuanto a la información; que se realice una investigación pronta y efectiva de los funcionarios de todos los niveles que están cometiendo estas violaciones a los derechos humanos; y que se haga pública la situación real de las prisiones en Chiapas y se permita a observadores nacionales e internacionales verificar el estado y condiciones de las mismas”.

Presos políticos, tema vigente en Chiapas

Un informe preliminar de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos indica que, en Chiapas, las autoridades siguen criminalizando la protesta social.

Señala que en esa entidad, gobernada por el perredista Juan Sabines, los presos políticos son un tema vigente. El borrador del informe ejemplifica con los detenidos del 4 de julio de 2010, integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional.

Indica que ese día –aniversario de su fundación y a la par de la jornada electoral–, los activistas se movilizaron para manifestar sus inconformidades y exigir la liberación de sus presos políticos.

Con el argumento de que se trataba de un intento por desestabilizar las elecciones, “el gobierno de Chiapas lleva a cabo violentos operativos para eliminar estas manifestaciones, que dan como resultado: 11 detenidos en la zona del tapón de Grijalva, en el crucero Las Flores, a 5 kilómetros de la comunidad Santos Degollado y Rómulo Gallegos; 14 detenidos en la zona fronteriza con Tabasco, en el municipio de Comalapa, Chiapas.

“La mayoría de los detenidos son mayores de 50 años de edad; algunos de ellos, incluso, simples transeúntes. De acuerdo con los testimonios, varios fueron torturados a golpes con fines interrogatorios. Existe ya una denuncia oficial de un detenido de 60 años quien fue sometido y quemado con encendedor en uno de sus codos.”

Fuente: Contralínea 220 / 13 de febrero de 2011