El pasado 12 de diciembre alrededor de las 11 de la mañana, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, comenzaban a bloquear el tránsito de la Autopista del Sol que va del Distrito Federal a Acapulco. Sus demandas eran claras: una mesa de diálogo con el gobierno estatal y el cumplimiento de un acuerdo adquirido verbalmente por el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero: ampliar la matrícula de 140 a 170 alumnos y el otorgamiento de 30 plazas de profesores para los egresados  de la normal.

 

El operativo de desalojo fue encabezado por la Policía Federal, acompañada por la Policía Ministerial y la Policía estatal.

 

“Éramos como 400 personas, entre estudiantes y gente de organizaciones sociales. Bloqueamos la autopista por que el gobernador nada más dice que sí, pero no firma nuestro pliego petitorio, el cual tendría que estar firmado antes de que acabe el año”, comenta a Contralínea uno de los estudiantes que participaron en los hechos, escondido en algún lugar de Chilpancingo.

 

“Llegaron las fuerzas especiales de la Policía Federal para quitar nuestro bloqueo, nosotros estuvimos dialogando con ellos: uno de los policías hizo una llamada, no sabemos a quién; al colgar, dijeron que ya tenían luz verde para hacer lo que quisieran.

 

“Fue cuando los policías federales empezaron a lanzarnos gas lacrimógeno, algunos corrimos; inmediatamente después empezaron a dispararnos a quemarropa, no les importo que hubiera niños y mujeres entre nosotros; los disparos seguían; todos corrimos en diferentes direcciones.”

 

Alcanzados por las balas, cayeron sobre la carretera los cuerpos de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, de 22 y 21 años, respectivamente; los dos jóvenes eran estudiantes de la normal.

 

“Después, nos persiguieron en vehículos y a pie mientras nos seguían baleando; algunos que nos escondimos en el cerro fuimos perseguidos por helicópteros hasta allá. No podemos comunicarnos con nuestros compañeros porque los celulares no dan línea”, comenta, aduciendo que les cortaron la comunicación y finaliza: “aún nos están buscando”.

 

Bertoldo Martínez presidente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero explica que la protesta también incluía la exigencia de la aparición con vida de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista, desaparecidos desde el pasado 6 de diciembre, cuando se dirigían de Chilpancingo al Distrito Federal.

 

El luchador social y defensor de derechos humanos, señala al gobierno de Guerrero de ser el responsable de  lo que está sucediendo: “es grave y vergonzoso lo que pasa en el estado; no se esclarecen este tipo de situaciones; por ejemplo, el supuesto suicidio de Joel Santana Villa fue un asesinato de Estado”, comenta, refiriéndose a la muerte del ecologista recluido en el penal de Iguala desde junio pasado? ocurrida el pasado 2 de diciembre en el interior del penal.

 

Por otro lado, estudiantes pertenecientes a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México comentaron en conferencia de prensa –realizada en las instalaciones de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación– que aún no se ha informado el paradero de los detenidos (alrededor de 24) y culpan al gobernador Ángel Aguirre, a la Policía Federal, a la Policía Estatal y al Ejército Mexicano por el asesinato de los normalistas.

 

“El ataque se dio en medio de una situación de calma; era una protesta normal, como las que siempre hacemos. Ahora, después de esto, va haber movimiento”, lo que significa que tomaran acciones más contundentes y habrá más movilizaciones. “Hace meses se presentó el gobernador en la normal para platicar con nosotros pero no quiso firmar nada. Si el exgobernador Zeferino Torreblanca nos dejaba sin comer, este gobernador nos mata”.

 

Además, comentaron que la normal rural se encuentra sitiada por el Ejército Mexicano: aproximadamente 14 convoyes rodean la escuela; mientras que alrededor de 20 de sus compañeros se encuentran dentro, y temen que la normal sea tomada en próximas horas por las fuerzas armadas.

 

También, señalan que la Secretaria de Educación en Guerrero no ha dado respuesta a sus demandas, y responsabilizan directamente a Felipe Calderón por la estrategia de guerra que se está llevando a cabo y por políticas neoliberales impuestas que han deteriorado la educación en el país.

 

En un comunicado la Secretaría de Gobernación señaló que trabaja en coordinación con las autoridades guerrerenses para investigar los hechos y deslindar responsabilidades contra quien resulte responsable por los homicidios. Mientras que la Procuraduría General de la República integró la averiguación previa PGR/GRO/CHI/CASO/387/2011 por delitos federales que resulten de los hechos.

 

En ese sentido, José Ramón Salinas vocero de la Policía Federal señaló que ésta no había participado en el desalojo; sin embargo,  Ramón Miguel Arreola Ibarra, subsecretario de Control Policial del Gobierno del Estado, contradijo esta versión y comentó que los federales fueron quienes disuadieron la manifestación.

 

El Gobierno de Guerrero se pronunció al respecto, a través de su página web; explicó que el gobernador se ha reunido en varias ocasiones con los normalistas y se han resuelto la mayoría de sus demandas; las que no, “es porque se salen de la capacidad resolutiva inmediata” del gobierno.

 

Así mismo se reitera la disposición del gobierno para resolver los problemas y demandas de los diversos sectores de la sociedad, respetando la libre expresión de las ideas y manifestaciones.

 

Ante esto, los estudiantes mencionaron: “No les creemos; cómo es posible que quieran dialogar mientras preparan el desalojo de la escuela; lo que quieren es cerrarla porque dentro de ella practicamos el autogobierno”.

 

Finalmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició la queja de oficio CGCP/309/11 por la agresión a los estudiantes, en un comunicado mencionan que se dará acompañamiento, apoyo jurídico, sicológico, y atención medica si es requerida a los familiares de las víctimas. Además, califica a los hechos como “lamentables y condenables, que por ningún motivo deben de quedar impunes”.