Autonomía

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Autonomía universitaria

En México el derecho constitucional de todo individuo a recibir educación representa una de las obligaciones primigenias del Estado. Para realizar la función educativa pública, el Estado adopta diversas formas de organización administrativa: de manera directa; en forma centralizada y desconcentrada –por conducto de la Secretaría de Educación Pública– a través de organismos descentralizados; o bien delega la responsabilidad, especialmente en educación media superior y superior, a las universidades e instituciones autónomas por ley.

La criminalización de la protesta

Legalmente se entiende como criminalización el uso de la fuerza judicial o de herramientas jurídicas para la represión de acciones no criminales. La protesta, la denuncia y la resistencia son tipos de acciones que se suelen criminalizar. Desde el discurso oficial, los casos de criminalización no son más que casos fortuitos, errores personales o, en el mejor de los casos, deficiencias en el funcionamiento de alguna oficina o institución que deben ser enmendados con reformas a los reglamentos.

Triquis: autonomía indígena, vigente

Hartos del abandono y corrupción oficiales, en complicidad con líderes de la zona, indígenas triquis decidieron declarar su autonomía para impulsar procesos de desarrollo desde 2007. La violencia, inseguridad e injusticia han puesto en jaque el proyecto autonómico en los años transcurridos; sin embargo, sus líderes aseguran que sigue vigente

Triquis: carencia en educación y salud

En esta región indígena, la zozobra en la que viven sus habitantes también repercute en las necesidades básicas de su desarrollo. Cifras de la Sedesol muestran que el 93.16 por ciento no tiene acceso a los servicios de salud y el 75.99 por ciento de la población tiene la educación básica incompleta

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