Los informantes que han puesto al descubierto el espionaje, las intrigas, los sabotajes y otras actividades ilegales de los organismos de seguridad nacional estadunidenses no son simples “denunciantes”, como si se tratara de ciudadanos que buscan corregir las pocas fallas de un sistema democrático.
Una de las caras de la fiesta peñista-priísta muestra su galopante reformismo. La otra cara es la de la inseguridad: una violencia sangrienta que no para… La suma de las promesas para “transformar a México”, guiadas por la razón de Estado para hacer valer el rescate del añejo presidencialismo a horcajadas sobre lo constitucional y metaconstitucional, lleva la resta de los 2 mil 351 homicidios, cientos de feminicidios, la pobreza de más de 54 millones de mexicanos y el desempleo, con 24 millones de personas en las mil y una actividades de la informalidad, en los 100 días que lleva Enrique Peña como presidente.
La familia encabezada por Carlos Aguirre, cada vez que se le antoja, censura, agrede y condiciona a quienes, en su casi monopolio radiofónico Grupo Radio Centro, ejercen las libertades constitucionales de información, análisis y crítica. Constantemente les envían recados a muchos de sus comunicadores para llamarles la atención y exigirles no ventilar “ciertos temas” al aire y mucho menos cuestionar asuntos religiosos ni criticar al “señor presidente” en turno. Pero esto no lo hace con su testaferro Jesús Martín, locutorcillo de corte neofascista que amenaza y grita contra quienes expresan sus puntos de vista, y como hizo recientemente, recomienda “palo” para los maestros que discrepan de la reforma educativa.
Ya en otra entrega y con información de la reportera Patricia Muñoz Ríos (La Jornada, 25 de octubre de 2011) remaché el informe La libertad de expresión en México. Misión de las relatorías de la ONU y la CIDH, quienes precisaron que de 2000 a 2010 (la década perdida por los malos gobiernos del Partido Acción Nacional de Fox y Calderón) fueron víctimas de homicidio 66 periodistas y de desaparición, 12; y de 2011 a la fecha (antesala del final del calderonismo con un haber de más de ¡100 mil personas privadas de sus vidas por la guerra militar contra la criminalidad!), 13 periodistas más han sido asesinados.
El señor Calderón, a punto de irse de Los Pinos (y su búnker, construido para eludir riesgos ante el armamento de punta de los matones del narcotráfico), intentó imponer la censura previa, que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe, a la información respecto a los hechos, actos y omisiones de su “no-guerra” contra la rebelión armada de las delincuencias, pero ha resultado un acuerdo fallido. Censura previa que “ninguna ley ni autoridad puede establecer”, pero que Calderón, Televisa y algunos otros medios de comunicación quisieron imponer en una complicidad pública, para evitar que los mexicanos, como opinión pública, estuvieran enterados. Con única finalidad de silenciar los homicidios culposos e imprudenciales que la subcultura jurídica del abogado jusnaturalista Calderón llama “daños colaterales”.
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