Más de mil minas operan en México legalmente. De ellas, la Profepa detectó que el 65 por ciento no cumple con la normatividad ambiental. Sin embargo, sólo 71 centros de operación mineros han sido clausurados.
En el sexenio anterior, gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN), todos los responsables de la seguridad nacional conocieron perfectamente la constante intervención del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos del país. También sabían del espionaje de ese país a México porque la Secretaría de la Defensa (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (Semar) y la Procuraduría General de la República (PGR) utilizaron los equipos de espionaje e intervención de llamadas que empresas estadunidenses les vendieron por instrucciones precisas de la secretaria de Estado, Hillary Clinton.
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional mantiene una nómina de 3 mil 500 empleados, de los cuales 39 ocupan los cargos más importantes en su estructura, a pesar de que en su mayoría carecen de experiencia profesional. El organigrama del aparato de inteligencia civil del Estado mexicano –del que Contralínea obtuvo copia– revela los nombres y los salarios de quienes tienen la facultad de espiar a los mexicanos, sufragados con recursos públicos y considerados como los gastos más opacos de la administración federal. Para la cúpula del Cisen, salarios de entre 1 millón 900 mil y 2 millones 400 mil pesos anuales
Los impulsores de la tendencia reformista que desde el Congreso de la Unión buscan desaparecer la función social del Estado, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben un cúmulo de explicaciones a todos los sectores sociales del país y pueden enfrentar responsabilidades legales por la adjudicación de valiosos bienes públicos con valor de varios miles de millones de pesos a favor de diversos monopolios, como aconteció con la fibra óptica de empresas del sector eléctrico. Casos concretos son Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La tierra se hunde bajo los pies de la Comisión Nacional Investigadora sobre los Atentados del 11 de Septiembre de 2001. La principal fuente de su Informe –Abu Zubeida, cuyas confesiones fueron producto de tortura– ha pasado a ser considerada oficialmente como carente de valor. Y el agente de la CIA que supuestamente arrestó e interrogó a Zubeida ha reconocido que todo fue inventado
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En vísperas de su extinción, el Inai se sigue revelando como un organismo sumido en la corrupción y la opacidad. Ahora, la auditoría 02-2024 –elaborada
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