Los gobernadores de apellido Duarte, Javier en Veracruz y César en Chihuahua, acusados de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias y desvíos de recursos públicos para beneficio propio y de parientes y amigos, vuelven a ocupar las primeras planas de la prensa por supuestas investigaciones penales que, ahora sí, dice la Procuraduría General de la República (PGR) ejecutarán en su contra.
“¡Pinche indio!” resume el desprecio y la violencia que se ejerce contra los pueblos originarios de México. La frase –a flor de labio de capataces con o sin azote, terratenientes, políticos de todos los partidos, funcionarios, empresarios y encopetadas de salones de belleza–
México cuenta con 387 cárceles municipales, estatales y federales a lo largo del territorio nacional, con “espacios disponibles” totales para 203 mil 254 reos. Sin embargo, la población penitenciaria asciende a 255 mil 638 presos. Es decir, albergan a 52 mil 384 reclusos más de los que deberían. Se trata de una sobrepoblación global del 25.8 por ciento.
La recaptura de Joaquín Guzmán Loera, alias Chapo Guzmán, difícilmente impactará en el negocio multimillonario de las drogas. Tan sólo en 2015, los cárteles se habrían embolsado entre 6 mil millones y 39 mil millones de dólares [es decir, entre 102 mil millones y 663 mil millones de pesos, a un tipo de cambio de 17 pesos por dólar], según estimaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (informe National money laundering risk assessment 2015).
En 2015 se registraron 109 ataques contra defensores ambientales. Entre las víctimas, 130 personas, 21 comunidades y 17 organizaciones civiles.
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