Cuando Vicente Fox asumió la Presidencia de la República, todos los días recibía en su escritorio una carpeta enviada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Contenía un resumen de lo que ese órgano de inteligencia consideraba importante sobre el país y de urgente atención para el presidente, a fin de tomar las decisiones más adecuadas e inmediatas.
El gobierno federal cuenta con, al menos, nueve vehículos aéreos no tripulados o drones. Los más caros están al servicio de la Policía Federal, la cual pagó por dos unidades 48 millones 500 mil dólares (unos 638 millones de pesos) a la israelí Elbit Systems, Ltd. Con la misma compañía, la Sedena adquirió también dos aeronaves cuyo costo ascendió a 25 millones de dólares (alrededor de 329 millones de pesos).
Órganos de inteligencia del gobierno federal elaboraron expedientes sobre las vinculaciones económicas, empresariales, políticas y personales de los especialistas que aspiraban a ocupar un puesto en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo que sustituyó a la polémica Comisión Federal de Telecomunicaciones
Jacobo Silva Nogales fue detenido por un comando de elite. Lo de menos fue que no se le exhibiera una orden de presentación emitida por un juez: por 5 días permaneció en la total indefensión frente a sus captores, quienes no lo pusieron de inmediato a disposición de las autoridades judiciales.
Documentos del Cisen, de los cuales Contralínea posee copia, dan cuenta del seguimiento que el organismo encargado de la seguridad nacional del Estado mexicano desarrolló contra los campesinos de San Salvador Atenco y contra los pueblos y organizaciones que se solidarizaron con ellos.
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En vísperas de su extinción, el Inai se sigue revelando como un organismo sumido en la corrupción y la opacidad. Ahora, la auditoría 02-2024 –elaborada
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