
Chicoasén II. Despojan a zoques de Chiapas
Avanza el despojo a ejidatarios indígenas para construir hidroeléctrica en Chiapas. Amparos individuales y colectivos aceptados por jueces locales y federales no son suficientes para detener las obras

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En 2015 se perpetraron, al menos, 76 casos de violaciones de derechos humanos y agresiones contra defensores de derechos humanos en 20 estados de la República. La mayoría ocurrió en Chiapas, Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero y Veracruz. La mayor parte de los casos se cometieron contra defensores de la tierra y el territorio. El 58 por ciento de los perpetradores fueron actores estatales.

Una de las grandes deudas del gobierno federal es la salud pública. Históricamente millones de mexicanos, siempre los de escasos recursos, como son las comunidades indígenas, no tienen acceso a la salud, y aquellos que sí tienen acreditación de alguna institución pública, simplemente se enfrentan a negligencias médicas y deficiencias en el servicio de hospitales.

El proyecto de reforma laboral enviado al Congreso de la Unión por Felipe Calderón, con carácter de “preferente”, encierra un auténtico golpe de Estado en contra de millones de trabajadores no sólo de la ciudad, sino también del campo, a los que se pretende anular sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo, tales como la estabilidad en el empleo, el salario remunerador, las condiciones dignas de trabajo, la seguridad social, el derecho a huelga y la libertad sindical, entre otros.
Si bien se ha incluido literalmente la protección y el respeto a los derechos humanos –y los tratados internacionales que los fundamentan– en la Constitución











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