Cuando Ernesto Chávez Medina confió en su amigo Teodoro Ake y le otorgó, en 2005, un poder para que gestionara el terreno que había obtenido como ejidatario de Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo, nunca intuyó que más de 20 años después mantendría un peregrinaje entre su lugar de nacimiento, residencia y la capital del país para solucionar lo que califica como un “despojo de tierras”.

Tras años de acudir a instancias legales, instituciones públicas y con mandos ejidales –donde salió decepcionado de todas partes–, Chávez Medina mantiene la esperanza de recuperar la parcela que le corresponde por derecho, y ha vuelto a recorrer los lugares que le dieron la espalda alguna vez, al añadir esta vez una denuncia en la Fiscalía General de la República para resolver su caso.

Una firma, principio de sus problemas

Con el objetivo de que le ayudara a titular 90 hectáreas de un terreno que le correspondía por herencia de su padre, Ernesto Chávez entregó un poder de dominio irrevocable a quien consideraba su amigo, Teodoro Ake Victoria, y también a Pedro Seijas Dzib.

Teodoro Ake incluso le había ofrecido comprar el terreno, por lo que comenzó a darle dinero por algún tiempo. No obstante, con el tiempo dejó de pagarle, pero no dejó de pensarse como propietario, pues enseguida se movió para intentar venderlo, según relata Ernesto en entrevista para Contralínea.

De acuerdo con el título de propiedad 000000000816, se expidió el lote en favor del señor Ernesto, “de conformidad con [el] acta de asamblea [ejidataria] de fecha 19 de noviembre de 2000”; documento acreditado por Alicia Concepción Ricalde Magaña, quien ostentaba el cargo de delegado del Registro Agrario Nacional, situado en Chetumal, Quintana Roo.

De acuerdo el relato de Chávez Medina, las acciones de Teodoro le fueron advertidas por un amigo que se encontraba en Quintana Roo, quien también le aconsejó revocarle el poder lo más pronto posible. Ernesto hizo caso y se movió desde Acayucan, Veracruz, donde se encontraba.

Un notario local revocó el poder en mayor de 2006, con base en un mal uso de la escritura, pues Teodoro Ake no había continuado con las transacciones hacia Ernesto por su parcela. Ya con el documento en la mano, Ernesto se dirigió al ejido Isla Mujeres, en este mismo municipio del sur de México, para notificar a Teodoro de la actualización.

Sin tener éxito, año y medio después (en octubre de 2007) se volvió a enterar que Teodoro Ake había vendido el terreno de poco más de 90 hectáreas a la empresa Grupo Marenema, por 10 millones de pesos. “Dicha operación de compraventa del terreno de nuestra propiedad se hizo de manera simulada y en total contravención a lo que dispone y artículo 84 de la Ley Agraria”, se lee en la demanda iniciada por la familia de Chávez Medina.

La querella se dirigió hacia los implicados en la situación, y fue impuesta en el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 44, como consta en el expediente 1895/2013. Los demandados no se presentaron a las audiencias, de modo que perdieron su derecho a declarar. Esta noticia hizo feliz a Ernesto en un inicio; sin embargo, tiempo después, el magistrado que llevaba el caso se declaró incompetente para juzgar el hecho.

Con un obstáculo en los juzgados, Ernesto buscó una respuesta en Palacio Nacional, con la esperanza de que la nueva administración federal, liderada por Andrés Manuel López Obrador y el movimiento de la llamada Cuarta Transformación a finales de 2018 le ayudaran.

Tampoco fue posible. Su caso, para entonces ya con 13 años de antigüedad, se mantuvo en un peregrinar incansable entre burócratas que lo mandaban entre una y otra dependencia gubernamental.

Ahora, a más de 20 años de comenzada su travesía para recuperar las tierras que a inicios de siglo le heredó su padre, Ernesto Chávez acudió el pasado 21 de julio a la Fiscalía General de la República, donde entregó, en la Oficina de la Fiscal General, Ernestina Godoy Ramos, una carta escrita a mano donde explicó su situación, con la esperanza de que esta vez la justicia le sonría.

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