“¿Saben ustedes de algún juez, de algún magistrado, de algún ministro que esté siendo juzgado o que esté en la cárcel? Ninguno. [El Poder Judicial]
Por fin, los partidos políticos llegaron a un acuerdo y nombraron a sus aspirantes para llenar los cinco huecos de quienes salieron, incluido Sergio García Ramírez, renunciante desde julio pasado.
La semana pasada, el contralor del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero Pozas, acusó a los consejeros de ese Instituto, incluido su presidente, Leonardo Valdés Zurita, y su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, de ocultar la corrupción y el desvío de recursos públicos en la adquisición de bienes y servicios, una práctica conocida en ese órgano electoral autónomo.
Durante un buen tiempo, en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto se desmintió que una serie de empresas utilizaran tarjetas Monex para diversos fines. La refutación venía de los dirigentes tricolores y de las consideradas “plumas del PRI (Partido Revolucionario Institucional)”, mismas que cambian según la ocasión; en este último caso, son diversos columnistas que desacreditan a quien ose criticar al partido político más longevo de México.
El Instituto Federal Electoral (IFE) decidió el pasado miércoles 23 de enero, en una votación de cinco contra cuatro, exonerar a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) y a su candidato Enrique Peña Nieto por el famoso caso Monex.
La propuesta de iniciativa que ha presentado el presidente electo Enrique Peña Nieto, en la que se plantea que el Senado de la República se encargue de la nominación de los futuros comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai), a propuesta del titular del Ejecutivo federal, debe ser materia de revisión. La esencia de la discusión se encuentra en la previsible falta de consensos en el Poder Legislativo, los que permitirían al presidente de la República nombrar directamente a los comisionados. Debe recordarse que si después de las dos ocasiones en que se haga la respectiva propuesta ésta no logra la mayoría, el presidente podrá hacer los nombramientos. Desde esta perspectiva, el cambio es un maquillaje para dotar al presidente con la capacidad de corregir las situaciones contrafácticas y legitimar una imposición (en un asunto que se debería resolver por consenso).
Luego de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó renovar las camionetas para los ministros del pleno, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió
La Ley de Ciencia de AMLO detuvo el flujo de miles de millones de pesos a empresas como Monsanto y Kimberly Clark. Hoy, amparos en la Suprema Corte podrían revertir este avance, confundiendo “estímulos” con “derechos”.
Martí Batres y la SCJN formalizan el fin de los seguros de gastos médicos mayores. Con un ahorro de casi un millón de pesos por caso, el personal del Máximo Tribunal se integra plenamente al ISSSTE para recibir atención de segundo nivel.
Con un paquete de obras que abarca desde la modernización de la autopista Cardel-Poza Rica hasta la reubicación de familias en zonas de riesgo, la administración de Claudia Sheinbaum busca blindar la infraestructura de Veracruz tras las lluvias de 2025.
