El gobierno de Morelos adjudica en forma directa 601 contratos, cuyo costo global asciende a 3 mil millones de pesos. Cinco concentran el 51.2 por ciento del total; entre éstos, el de la construcción del estadio “Coruco” Díaz, por 486 millones.
Cuando se habla de rapiña contra el patrimonio de Petróleos Mexicanos (Pemex) inmediatamente se piensa en el flagelo del robo de combustibles, que tan sólo en enero pasado ascendió a 414 mil barriles; así como en los llamados moches o diezmos, que son los sobornos que empresarios pagan a algunos funcionarios de la petrolera para ganar contratos.
A 5 meses de tomar posesión como director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José Reyes Baeza no ha logrado el control de esa institución que otorga servicios médicos a la burocracia y aún mantiene en puestos clave a funcionarios que sirvieron a los intereses del extinto Sebastián Lerdo de Tejada. Otros integrantes del mismo equipo de la anterior administración fueron reubicados en el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), por lo que siguen las quejas de parte de proveedores por la asignación de contratos de bienes y servicios.
Una vez documentado el espionaje estadunidense sobre territorio mexicano y su población, incluido el presidente Enrique Peña Nieto –lo cual era del dominio público pero ahora ha sido comprobado con documentos extraídos de órganos de inteligencia de aquel país–, qué argumentos puede utilizar el gobierno federal para reclamar enérgicamente a su homólogo de Estados Unidos, cuando han sido las mismas administraciones priístas y panistas que durante décadas consintieron el intervencionismo extranjero en las decisiones políticas, económicas y de seguridad del país.
Igual que en la política, en la administración pública es común la práctica de que los funcionarios en desgracia, o que simplemente tienen que dejar su encargo, pasan de inmediato al olvido, y con ellos, todos los negocios y empresas privadas que fueron privilegiados durante su gestión. Esto sucede en cada cambio de gobierno, y más aún cuando el gobierno que sustituye pertenece a otro partido político.
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