Lo que parecía imposible ocurrió. Gobiernos priístas y panistas, en colusión con funcionarios y empresarios corruptos, saquearon y quebraron la industria petrolera nacional durante 40 años. Siete presidentes de la República son responsables de ello, por permitirlo.
A los líderes de los partidos y todo su séquito de ayudantes no les basta los miles de millones de pesos que consumen del dinero público que sale de los bolsillos de los contribuyentes, en una simulación democrática que sale muy cara a los mexicanos y que nunca ha podido garantizar un comportamiento honesto y transparente en el procesos electorales, ahora quieren responsabilizar al Ministerio Público Federal de sus corruptos y delincuentes candidatos que en cada elección proponen para ocupar cargos populares.
Además de Alberto Fujimori, quien purga una sentencia por corrupción, otros expresidentes que son investigados por supuesto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos son Alejandro Toledo y Alan García. La corrupción, sin embargo, está enquistada en todas las estructuras de gobierno y en amplios sectores sociales
En determinadas circunstancias, los gobernantes aparecen como un Jano incómodo ante el espejo de la realidad. Se encuentran atrapados en un presente enrarecido por las emanaciones malolientes que se desprenden de un pasado turbio, corrompido, y cuyas sombras tenebrosas se proyectan hacia el futuro, y lo tornan incierto, conflictivo.
Uno es político; el otro, empresario (aunque ambos grillan y han sido beneficiados con negocios en los cuales los gobiernos en turno han sido no únicamente complacientes, sino incluso omisos para castigar sus tropelías). Los dos están hoy en el centro de la atención por diversas razones, pero saben que tienen una larga vida de placeres en tanto la impunidad sea lo cotidiano en México. Tanto que vamos como cangrejos en eso de aplicar la ley. Estamos, en el índice mundial de corrupción, en el lugar 105 de 174 países.
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