Manuel Robles Sosa/Prensa Latina

 

 

Lima, Perú. De los gobernantes que este país ha tenido en los últimos 30 años, uno está preso por corrupto y dos son investigados por acusaciones de corrupción, en tanto que dos –y únicamente dos–, ya fallecidos, son considerados ejemplo de honradez.

 

Sólo los expresidentes Fernando Belaúnde (con dos mandatos: de 1963 a 1968 y de 1980 a 1985) y Valentín Paniagua (interino, de 2000 a 2001) tienen una imagen acrisolada; en tanto que Alberto Fujimori (presidente de 1990 a 2000) cumple una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción (sobre ese último punto, admitió su culpabilidad).

 

El socialdemócrata Alan García (mandatario en dos ocasiones: de 1985 a 1990, y de 2006 a 2011) y el centrista Alejandro Toledo (presidente de 2001 a 2006) afrontan por estos días acusaciones y sospechas de corrupción y son investigados por el Ministerio Público. El primero también es investigado por el Congreso de la República del Perú.

 

García es investigado por posible enriquecimiento ilícito y por haber comprado una residencia de 830 mil dólares, suma que a simple vista está por encima de las posibilidades de quien a lo largo de su vida sólo se ha dedicado a la política.

 

El veterano y hábil político alega que desde que dejó el gobierno, en julio de 2011, ha ganado más de 1 millón 300 mil dólares por dar conferencias en el extranjero, por la pensión de exgobernante y las regalías de tres libros publicados.

 

La indagación a Toledo se debe a que su suegra (de origen belga) compró una lujosa casa limeña en 3 millones 750 mil dólares, y sus detractores insinúan que la operación encubre dinero indebidamente obtenido por el exgobernante.

 

Sin embargo, el expresidente Toledo sostiene que su suegra recibió herencias cuantiosas al enviudar dos veces, y obtuvo anteriormente una indemnización y una pensión vitalicia del gobierno alemán, en el rubro de sobreviviente de las matanzas nazis en contra de la comunidad judía.

 

El exgobernante atribuye la acusación a enconos políticos;?esto también lo alega García, cuyas explicaciones carecen de credibilidad, según el analista Raúl Wiener, porque sigue sin explicación el cómo un exgobernante de origen humilde y que sólo ha hecho política tenga un cuantioso patrimonio.

 

Una comisión parlamentaria investiga paralelamente diversos casos de corrupción registrados en el último gobierno de Alan García que han quedado impunes.

 

Tras su primera administración, el exgobernante socialdemócrata fue enjuiciado por enriquecimiento ilícito, pero se acogió a la prescripción judicial y no fue sentenciado.

 

La investigación fiscal es vista con escepticismo por veteranos periodistas y analistas, a la luz de la experiencia de grandes e importantes casos que han quedado en la impunidad o han terminado con castigo sólo para personajes secundarios.

 

La pesquisa al exmandatario García ha motivado incluso la preocupación del presidente de la comisión congresal, Sergio Tejada, que investiga al exgobernante, ya que teme que las indagaciones frustren la que tenía proyectada el Poder Legislativo.

 

Según advierte Tejada, el Parlamento Andino no podrá intervenir si el Ministerio Público Fiscalía de la Nación archiva el expediente, lo que ha ocurrido con todos los exfuncionarios del gobierno de García, cuyos casos ya ha tratado aquella instancia.

 

Las investigaciones contra García y Toledo coincidieron con el anuncio de una nueva estrategia anticorrupción del gobierno con acciones preventivas y ajustes legales para combatir lo que la mayoría de los peruanos consideran el principal problema del Estado, según una encuesta oficial realizada en 2010.

 

Dicha estrategia fue precedida por la creación, en enero pasado, de la Comisión Nacional de Alto Nivel Anticorrupción, y prevé mejorar el control interno y los procedimientos de compras en el aparato estatal, además de crear un sistema de alerta temprana, indicó el primer ministro, Juan Jiménez.

 

La mayor protección a denunciantes y testigos, la unificación de las normas legales anticorrupción y la estandarización y mejora de los mecanismos de recepción de denuncias, están igualmente incluidos en la nueva estrategia.

 

La gravedad del problema se evidencia en el hecho de que, cada año,  la corrupción causa daños económicos al Estado peruano de entre el 30 y el 40 por ciento del presupuesto nacional y del 3 al 4 por ciento del producto bruto interno, de acuerdo con un estudio divulgado en 2012 por el investigador Alfonso Quiroz.

 

El contralor General de la República, Fuad Khoury, informó en noviembre de 2010 que en los 18 meses anteriores –la mayor parte en el gobierno de Alan García– la pérdida fue entre el 10 y 15 por ciento del presupuesto nacional, lo que puede llegar a 9 mil millones de nuevos soles (3 mil 530 millones de dólares).

 

Otro problema es la tolerancia social a la corrupción por su práctica generalizada, al punto que es usual, y hasta un argumento de proselitismo callejero, alegar que un político cuestionado “roba, pero hace obra”.

 

 

Fuente: Contralínea 327 / marzo 2013