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Don Jorge Cordero y la resistencia contra la minería

El pasado 10 de marzo falleció el señor Jorge Cordero, tras una larga batalla contra el cáncer que desde hace tiempo lo aquejaba. Larga lucha que finalmente perdió y ante la cual ni los médicos ni la extraordinaria fuerza de don Jorge pudieron hacer algo al respecto. Pero ésa no fue la única gran batalla que don Jorge libró en su vida, la otra, la que lo convirtió en un ícono de resistencia, en un símbolo de lucha y esperanza. Esa batalla aún no se termina, aún no es ganada por ningún bando. Ésa es la larga lucha que decenas de miles de surcalifornianos vienen librando desde hace décadas contra la minería en el estado.

Chicoasén II. Despojan a zoques de Chiapas

Avanza el despojo a ejidatarios indígenas para construir hidroeléctrica en Chiapas. Amparos individuales y colectivos aceptados por jueces locales y federales no son suficientes para detener las obras

De Tajamar a Todos Santos: los despojadores inmobiliarios, plaga imparable

Es sorprendente como la incompetencia del hombre se exacerba por dinero, cuando la condición humana desarrolla las ciencias y las artes, que hacen a las sociedades grupos civilizados; que, se supone, procuran para sí y para los animales con los que “comparten” la Tierra, un mayor bienestar. En México, los actos “civilizatorios” de empresarios e inversionistas usan el sobretodo del “desarrollo”, cuando implican establecer industrias o complejos inmobiliarios en lugares paradisiacos. Como una vez fue Tajamar, hoy reducto casi devastado, de lo que hasta la década de 1970 era una región virgen. Acciones avaladas por el gobierno a través de instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entre otras igual de incompetentes.

El derecho a defender los derechos humanos

En 2015 se perpetraron, al menos, 76 casos de violaciones de derechos humanos y agresiones contra defensores de derechos humanos en 20 estados de la República. La mayoría ocurrió en Chiapas, Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero y Veracruz. La mayor parte de los casos se cometieron contra defensores de la tierra y el territorio. El 58 por ciento de los perpetradores fueron actores estatales.

Tres Santos: despojo y corrupción en Baja California Sur

Desarrollo inmobiliario estadunidense se implanta en Baja California Sur. Ya desarrolla un proyecto exclusivo en detrimento del medio ambiente y de las comunidades de pescadores de la región. Con anuencia de las autoridades, se ha apropiado de un área mayor a la autorizada y ha acaparado el agua potable.

“Redondeo”, el despojo a los consumidores

Acudir o visitar el supermercado para comprar víveres resulta, para un consumidor, una pérdida económica muy sutil y oculta, de la que desgraciadamente él no se percata, y si lo hace, no se atreve a reclamar por vergüenza o falta de interés para exigir la devolución de unos centavos, en algunos casos hasta la presunción peyorativa de menospreciar estas moneditas.

Estado mexicano, responsable de la contaminación del agua

El Tribunal Latinoamericano del Agua documenta que el Estado mexicano es responsable de colapsar el sistema hídrico nacional. Decenas de casos de contaminación del agua, despojo y criminalización de los defensores del medio ambiente engrosan la demanda llevada a esa instancia por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

La apuesta de peña Nieto por el estallido social

Las primeras acciones y disposiciones políticas y económicas adaptadas desde las catacumbas del priísmo restaurado no fueron más que los oráculos que reafirmaron descarnadamente la fatídica continuidad de los tiempos autoritarios y neoliberales. Sin preámbulos.

El despojo definitivo a los pueblos indígenas

Producto de la revolución social de 1910, una de las primeras en América Latina, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –como oficialmente se llama el Estado mexicano– reconoció el régimen social de la tierra y los recursos naturales, misma que en 1992 cambió sustancialmente para favorecer la intromisión del capital en ellas. El Artículo 27 de la Constitución de 1917 estableció la propiedad originaria de las tierras y los recursos naturales existentes en ella a favor de la nación, la cual se reservaba el derecho de transmitirla a los particulares para formar la propiedad privada y la social (ejidos y comunidades), que revestían carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles; además de la pública, que pertenecía al Estado.

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