Autoridades estatales y federales omitieron verificar la “idoneidad del personal” que prestaba sus servicios al interior de un albergue, a cargo de la exdiputada panista
Desde hace 3 años que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República han sido constantes y variados los homenajes, festejos y reconocimientos que el gobierno ha hecho a las Fuerzas Armadas, como si fuera necesario tener que congraciarse con ellas por cumplir con su obligación de defender a la patria. Tampoco son pocas las ocasiones en que los secretarios de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, se han quejado públicamente de las críticas sociales y de las organizaciones oficiales e independientes que exigen a militares y marinos respetar los derechos humanos de la población.
El próximo 1 de septiembre, el presidente Peña Nieto hará públicos los resultados de su primer año de gobierno: el alza en las tasas de la pobreza y la violencia, el colapso del mercado interno y la nula generación de empleos. Una hipótesis perversa podría explicar la situación: inducir una austeridad fiscal deliberada para que la consecuente recesión doblegue y obligue a la población a aceptar la reprivatización energética, ante el temor de perder su empleo y el agravamiento de sus necesidades sociales
En nuestro país, los defensores de los derechos humanos son los más amenazados. Muchos han sido agredidos y encarcelados por funcionarios de las tres instancias de gobierno y también por delincuentes. Hacer valer garantías y derechos les ha valido toda clase de intimidaciones, particularmente por instancias gubernamentales que no entienden que, ante las violaciones a los derechos, las agrupaciones civiles deben denunciarlas para alertar a la opinión pública de las injusticias que permiten, por omisión o complicidad, las autoridades judicial y administrativa.
La falta de normatividad en materia de comunicación gubernamental históricamente ha dado pie al “atropello oficial” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a diversos derechos humanos vitales para un Estado democrático –como son la seguridad jurídica, la libertad de expresión, el derecho a la información, la transparencia y rendición de cuentas–, al impune despilfarro de recursos públicos y la construcción de imágenes políticas con cargo al erario, explican especialistas
¿Cuándo fracasa la razón?… [Los socialdemócratas] eran parte del aparato del poder, cada uno de ellos representaba un trocito de poder. Sus conciencias estaban divididas [entre] la papeleta del sufragio y el “cuarto de las bofetadas”. A ellos les habían encomendado proteger el orden no sólo de los criminales, sino también de los perturbadores, de los agitadores. ¿Cómo reaccionarán cuando el régimen reaccionario lo oponga a los perturbadores del orden público? ¿Cumplirán con su “deber” como manda la ley? El poder [es como] la marihuana: el hacer uso de él implica el abuso
La presidenta Claudia Sheinbaum realizó un recuento del régimen autoritario en México, desde la represión estudiantil de 1968 hasta la alianza del PRIAN. Destacó el desafuero de 2005 y el fraude electoral de 2006 como puntos clave de la resistencia popular
La iniciativa de Alfonso Ramírez Cuéllar propone transformar la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Entre los ejes destacan la prohibición de vínculos familiares en altos cargos, la no reelección del titular y la agilización de la fiscalización de la cuenta pública.
El titular de la SEP, Mario Delgado, informó que el número de personas alfabetizadas en México creció 7.4 veces entre 2020 y 2025. Gracias a la Estrategia Nacional de Alfabetización, más de 189 mil ciudadanos salieron del rezago educativo el último año.
La iniciativa ciudadana “Salvemos la Democracia” cumplió con el requisito de 136,875 firmas ante el INE. La propuesta, vinculada a Claudio X. González, busca reformar el sistema electoral bajo ejes como la fiscalización y el rechazo a la sobrerrepresentación
