Para Lamberto García Zapata

En nuestro país, los defensores de los derechos humanos son los más amenazados. Muchos han sido agredidos y encarcelados por funcionarios de las tres instancias de gobierno y también por delincuentes. Hacer valer garantías y derechos les ha valido toda clase de intimidaciones, particularmente por instancias gubernamentales que no entienden que, ante las violaciones a los derechos, las agrupaciones civiles deben denunciarlas para alertar a la opinión pública de las injusticias que permiten, por omisión o complicidad, las autoridades judicial y administrativa. El poder público constantemente vulnera los derechos humanos, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales, negando las garantías para su protección. En este último caso están los periodistas que, con su ejercicio en los medios de comunicación, defienden los derechos a la libre manifestación de las ideas y el derecho a la información, para que instituciones de todo nivel contesten sus peticiones sobre ésta, y el inviolable derecho a la libertad de prensa, de internet, audiovisual y por la radio.

El reporte del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que la reportera Fabiola Martínez (La Jornada, 7 de julio de 2013) dio a conocer, puntualiza que ha recibido 83 solicitudes; 33 de ellas son de periodistas, determinando que 25 peticiones deberían atenderse. Y son para evitar el cumplimiento de las amenazas que recibieron tanto de la delincuencia como de funcionarios gubernamentales. Con todas las limitaciones impuestas por la Secretaría de Gobernación, entre cuyas obligaciones está dar protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, la instancia ha podido cumplir con su tarea: otorgar protección.

El peñismo ha optado por maquillar la cuantía de los homicidios, secuestros, feminicidios, desapariciones, etcétera. Y el gobierno de la Ciudad de México, ya víctima de los cárteles, ha demostrado su total incapacidad. Esto ha creado una mayor incidencia de amenazas contra los periodistas y defensores de los derechos humanos, al grado de que una medida preventiva es dar protección de “custodia policial, sistema de circuito cerrado en sus casas y oficinas, así como una vía de comunicación de emergencia”. A esto hemos llegado, porque a la par funcionarios y delincuentes quieren que los periodistas no informen sobre los abusos gubernamentales ni sobre los hechos delictivos. Hay periodistas asilados y otros asesinados; defensores de derechos humanos amenazados y agredidos. Empero, la Secretaría de Gobernación no ha cumplido con sus obligaciones de apoyo económico y no se ha instalado el Comité Técnico del fideicomiso para esos fines.

Toda la población, salvo los que viajan en sus aviones para ir a dormir al vecino país del Norte, sufre los embates de la inseguridad. Y ya somos 118 millones de mexicanos (menos Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego con sus familias) que sobrevivimos en un virtual golpe militar-policiaco, ante la ineficacia del gobierno para otorgar vigilancia para la paz pública. En consecuencia, todos necesitamos protección para ir a las escuelas, al trabajo, a comprar y salir a la calle. No todos los periodistas y defensores de los derechos humanos advertidos y amenazados han recurrido a solicitar cuidados. Quienes han decidido hacerlo es porque consideran que pueden ser objeto de la criminalidad, están en su derecho para así reducir los riesgos. No obstante, periodistas y defensores han seguido cumpliendo con su labor profesional y civil para informar y que se libere a los que son víctimas de represiones, con la mira puesta en que ellos (gobernantes, autoridades) no hagan su respectivo trabajo. Sin los defensores de los derechos humanos y sin los periodistas no es posible la vida pública, ya que sin su actuación todos seguiremos viviendo bajo el terror de quienes insisten en imponer, como censura previa, la cancelación de nuestra Constitución Política.

Y si bien todavía persisten inquisiciones contra los periodistas, ya sobra la palabra “inquisición” en el Artículo 7 constitucional. Se podría sustituir por demanda o abuso, para que la entrada del mismo quede como sigue: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna demanda judicial ni abuso administrativo como tampoco legislativo…”. Pero, a pesar de esto, abundan las demandas y abusos contra quienes ejercen las libertades de prensa en cualquiera de sus manifestaciones. Si es que esa libertad también implica el libre examen y discusión de las ideas –como se establece en el Artículo 3 de la misma Constitución– con referencia a la libertad de cátedra e investigación para todas las instituciones de educación superior.

Así, las delincuencias están limitando y hasta obligando a censuras previas a los reporteros, y los medios de comunicación tienen que firmar la información como “Redacción” para protegerlos. El calderonismo (panista) dejó a la nación inmersa en un baño de sangre con más de 100 mil homicidios, miles de desapariciones, secuestros, feminicidios, violaciones sexuales, robo de niños y justicia por propia mano. Y con la millonaria asesoría del general colombiano, la “nueva” estrategia es que Enrique Peña no se refiera a la pavorosa inseguridad con arreglo al principio autoritario de “aquí no pasa nada”. Pero esa inseguridad tiene atrapados a los mexicanos con homicidios diariamente; y a pesar del silencio gubernamental y las mentiras del vocero único de Gobernación, el cumplimiento del deber de los reporteros mantiene informada a la opinión pública.

Esa inseguridad sabotea el ejercicio de las libertades de prensa para que se reduzca la veracidad informativa. Eso conviene al gobierno federal, a los rateros gobernadores y a los presidentes municipales, que quieren pasar inadvertidos para la prensa. Así entonces, delincuentes y funcionarios son cómplices de la creciente inseguridad que siembra el miedo en la sociedad y afecta al desempeño de la investigación del periodismo. Esa inseguridad, que ya se apoderó de todo el país, coarta y casi cancela ejercer los derechos humanos. Las delincuencias quieren una sociedad cerrada y la corrupción política coadyuva a sus fines, de tal manera que todas las actividades sociales, económicas, culturales y políticas son acorraladas; y las tareas de los periodistas son objeto de sabotajes, amenazas, agresiones y homicidios, para que las libertades de prensa dejen de ocuparse de la información en general y de la que se refiere a la inseguridad. Como los demás mexicanos, los reporteros también sobreviven a la violencia que impera en todo el territorio.

*Periodista

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 Fuente: Contralínea 349  / agosto 2013