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Corrupción en la UNAM, expediente “reservado”

“Reservado”, el expediente de corrupción detectada en el área deportiva durante el rectorado de José Narro. El primer responsable, Severino Rubio, llegó a la Secretaría de Salud semanas antes que el propio exrect

México-Estados Unidos: ¿el que paga manda?

Tres días antes de la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el Congressional Research Service (el Servicio de Investigación del Congreso estadunidense) emitió un duro informe acerca de la Iniciativa Mérida.

Denuncian red de corrupción en la Sedena

La semana pasada publicamos en esta columna una carta enviada por proveedores de bienes y servicios para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en donde se quejaban de supuestas irregularidades en el área administrativa de esa dependencia a cargo del general brigadier Fernando Joaquín Ávila Lizárraga.

La entrega de la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro y de la CFE

Los impulsores de la tendencia reformista que desde el Congreso de la Unión buscan desaparecer la función social del Estado, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben un cúmulo de explicaciones a todos los sectores sociales del país y pueden enfrentar responsabilidades legales por la adjudicación de valiosos bienes públicos con valor de varios miles de millones de pesos a favor de diversos monopolios, como aconteció con la fibra óptica de empresas del sector eléctrico. Casos concretos son Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El expediente de la cédula de identidad

Las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública –próxima a desaparecer para convertirse en un órgano desconcentrado que, prometen, combatirá la corrupción gubernamental (por lo cual en el gabinete de Enrique Peña Nieto no se designó titular y se dejó sólo como encargado del despacho a Julián Alfonso Olivas Ugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas)– guardan un expediente relacionado con aquel proyecto para dotar de cédula de identidad a los mexicanos menores de edad (entre los 4 y 17 años), cuyo costo de operación rebasó los 3 mil millones de pesos, en los últimos 3 años del gobierno de Felipe Calderón.

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