Cuando Vicente Fox asumió la Presidencia de la República, todos los días recibía en su escritorio una carpeta enviada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Contenía un resumen de lo que ese órgano de inteligencia consideraba importante sobre el país y de urgente atención para el presidente, a fin de tomar las decisiones más adecuadas e inmediatas.
Órganos de inteligencia del gobierno federal elaboraron expedientes sobre las vinculaciones económicas, empresariales, políticas y personales de los especialistas que aspiraban a ocupar un puesto en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo que sustituyó a la polémica Comisión Federal de Telecomunicaciones
Una vez documentado el espionaje estadunidense sobre territorio mexicano y su población, incluido el presidente Enrique Peña Nieto –lo cual era del dominio público pero ahora ha sido comprobado con documentos extraídos de órganos de inteligencia de aquel país–, qué argumentos puede utilizar el gobierno federal para reclamar enérgicamente a su homólogo de Estados Unidos, cuando han sido las mismas administraciones priístas y panistas que durante décadas consintieron el intervencionismo extranjero en las decisiones políticas, económicas y de seguridad del país.
El asunto de divulgar información reservada no se trata de revelar secretos, sino de la no violencia y la lucha de la desobediencia civil contra los grandes males sociales.
Estudiantes, activistas, amas de casa, campesinos… Contra cualquiera se podrían enfilar las instituciones de seguridad nacional del Estado mexicano. El marco jurídico define ambiguamente cuáles son las actividades que amenazan a la nación; y nada dice de cuáles son los objetivos, intereses y aspiraciones nacionales.
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En vísperas de su extinción, el Inai se sigue revelando como un organismo sumido en la corrupción y la opacidad. Ahora, la auditoría 02-2024 –elaborada
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