“Seguridad nacional”, el ardid para eludir la ley. En México, los organismos de inteligencia –civil y militar– no rinden cuentas del dinero público que ejercen ni de su desempeño profesional. Con frecuencia, estos organismos son utilizados para espiar ilegalmente a los adversarios políticos del régimen en turno y violar derechos humanos.
Espionaje ilegal, ausencia de rendición de cuentas, violación a derechos humanos, impunidad, falta de control social, ineficiencia… Definiciones que surgen de especialistas, legisladores y de los propios funcionarios cuando se trata de analizar seriamente el desempeño de las instituciones mexicanas encargadas de la seguridad y la defensa nacionales, que tan sólo para 2013 cuentan con un presupuesto que rebasa los 73 mil millones de pesos.
La existencia de los programas de vigilancia que Estados Unidos y sus aliados anglosajones aplican al mundo entero es de sobra conocida desde hace mucho tiempo; pero Edward Snowden lo ha comprobado y ha revelado la envergadura de esa vigilancia, a la que nadie escapa.
La administración federal, lejos de restablecer la soberanía entregada a Estados Unidos por las administraciones panistas, baja la cabeza ante las evidencias del espionaje y la intromisión estadunidenses ejercidas contra México. Servidores públicos no sólo habrían conspirado contra la privacidad de los mexicanos, sino también lo habrían hecho empresas como Telmex, Telcel, Nextel, Telefónica, Unefon, Iusacell, Cisco y Prodigy. ¿Algún día se sabrá de la responsabilidad empresarial y política?
El espionaje ejercido por Estados Unidos contra Brasil, mayor a cualquier otra nación del Continente
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