¿Quién protege a los guardianes?
El escándalo que destapó el analista estadunidense Edward Snowden aporta novedad en cuanto a la complicidad de otros países “aliados” en el espionaje de sus ciudadanos.
El escándalo que destapó el analista estadunidense Edward Snowden aporta novedad en cuanto a la complicidad de otros países “aliados” en el espionaje de sus ciudadanos.
Los informantes que han puesto al descubierto el espionaje, las intrigas, los sabotajes y otras actividades ilegales de los organismos de seguridad nacional estadunidenses no son simples “denunciantes”, como si se tratara de ciudadanos que buscan corregir las pocas fallas de un sistema democrático.
En el sexenio anterior, gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN), todos los responsables de la seguridad nacional conocieron perfectamente la constante intervención del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos del país. También sabían del espionaje de ese país a México porque la Secretaría de la Defensa (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (Semar) y la Procuraduría General de la República (PGR) utilizaron los equipos de espionaje e intervención de llamadas que empresas estadunidenses les vendieron por instrucciones precisas de la secretaria de Estado, Hillary Clinton.
Una investigación del diario Washington Post descubrió que las agencias de seguridad, contraterrorismo y espionaje de Estados Unidos mantienen negocios con más de 1 mil 900 compañías. En consecuencia una banda de contratistas de alta tecnología del “conocimiento” goza de un acceso indiscriminado a información ultraconfidencial.
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional mantiene una nómina de 3 mil 500 empleados, de los cuales 39 ocupan los cargos más importantes en su estructura, a pesar de que en su mayoría carecen de experiencia profesional. El organigrama del aparato de inteligencia civil del Estado mexicano –del que Contralínea obtuvo copia– revela los nombres y los salarios de quienes tienen la facultad de espiar a los mexicanos, sufragados con recursos públicos y considerados como los gastos más opacos de la administración federal. Para la cúpula del Cisen, salarios de entre 1 millón 900 mil y 2 millones 400 mil pesos anuales
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