“Reservado”, el expediente de corrupción detectada en el área deportiva durante el rectorado de José Narro. El primer responsable, Severino Rubio, llegó a la Secretaría de Salud semanas antes que el propio exrect
En el Campo Militar Número 1, y dentro de una caja fuerte cuya combinación sólo conocen algunos integrantes del Estado Mayor, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) guarda un expediente. Tal documento es protegido con las más estrictas medidas de seguridad. Está prohibido, incluso, que sea extraído de su recinto. Se trata del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto.
Hace unas semanas comentamos que extrañamente la Procuraduría General de la República (PGR) ha enviado al archivo varios expedientes de averiguaciones previas sobre políticos, funcionarios y exservidores públicos, algunos del gobierno de Felipe Calderón, debido al desistimiento del Ministerio Público federal a pesar de haber suficientes evidencias de actos de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, vínculos con el crimen organizado, extorsiones, sobornos, chantajes, desapariciones forzadas y hasta homicidios.
Órganos de inteligencia del gobierno federal elaboraron expedientes sobre las vinculaciones económicas, empresariales, políticas y personales de los especialistas que aspiraban a ocupar un puesto en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo que sustituyó a la polémica Comisión Federal de Telecomunicaciones
La inteligencia civil y militar del Estado mexicano indaga a empresarios, transportistas, exdirectivos petroleros y trabajadores sindicalizados supuestamente vinculados con bandas del crimen organizado que roban productos petrolíferos a Pemex. En el amplio expediente que integra el Cisen se involucra en el robo a Sergio Padilla Corona, director general de Grupo Transportes, propiedad del empresario Carlos Hank Rhon. “El favor me lo pidió directamente el gerente de Transporte Terrestre de Pemex”, dice Padilla Corona en entrevista. Fernando Solís Cámara, vocero de Hank Rhon, asegura que el involucrado “actuó de manera autónoma, sin autorización del señor Hank”
La detención de Elba Esther Gordillo, si bien fue celebrada por quienes por décadas han denunciado la corrupción en el SNTE, también generó una animada demanda ciudadana para que se investigue y se ejerza acción penal contra otros funcionarios. Apenas cinco botones de muestra señalan que, en materia de agravios a la sociedad por corrupción, abuso de poder, violación a los derechos humanos, enriquecimiento ilícito y nexos con la delincuencia, la Maestra no está sola.
Las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública –próxima a desaparecer para convertirse en un órgano desconcentrado que, prometen, combatirá la corrupción gubernamental (por lo cual en el gabinete de Enrique Peña Nieto no se designó titular y se dejó sólo como encargado del despacho a Julián Alfonso Olivas Ugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas)– guardan un expediente relacionado con aquel proyecto para dotar de cédula de identidad a los mexicanos menores de edad (entre los 4 y 17 años), cuyo costo de operación rebasó los 3 mil millones de pesos, en los últimos 3 años del gobierno de Felipe Calderón.
En la administración de Felipe Calderón hubo varios accidentes aéreos que costaron la vida a dos secretarios de Gobernación, varios subsecretarios, directivos de la Procuraduría General de la República (PGR) encargados de combatir a la delincuencia organizada y otros funcionarios de niveles inferiores. Esto llamó la atención porque los dos secretarios fallecidos eran precisamente responsables de la seguridad nacional, lo que de inmediato hizo suponer el vacío provocado por los gobiernos panistas en esta importante área de gobierno.
Por desgracia se interpone ese irritante interregno cuasi paralizante. Ese dilatado y ambiguo espacio de transición que caracteriza al senilmente esquizofrénico reino del sistema político autoritario mexicano y sus 30 años de salvaje fundamentalismo neoliberal. Donde el agonizante soberano, socialmente indeseable y que ya apesta a muerto, ve impotente cómo su autoridad se eclipsa irremisiblemente, y el príncipe heredero no se ha coronado legalmente como el rey sustituto. En el que el próximo dueño de los destinos de la nación se impacienta porque aún no puede ejercer sus potestades constitucionalmente concedidas como señor de horca y cuchillo, depositario absoluto del Poder Ejecutivo que avasalla a sus dóciles y supuestamente pares del Legislativo y Judicial, y somete a las mayorías que carecen de los mecanismos jurídicos para defender sus intereses ante las tropelías del bloque dominante político-oligárquico.
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En 2003, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –encabezada por Francisco Gil Díaz– reportó modificaciones multimillonarias al presupuesto de ese ejercicio, y una de
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