A cuatro años de que venza el plazo de la Agenda 2030, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe reporta que solo 19 por ciento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible evaluadas en América Latina y el Caribe están cumplidas o tienen probabilidades de cumplirse. Otro 42 por ciento avanza en la dirección correcta, pero a un ritmo insuficiente, mientras 39 por ciento permanece estancado o presenta retrocesos. El organismo señala rezagos en áreas como reducción de desigualdades, hambre, consumo y producción sostenibles, acción climática y protección de los ecosistemas. El informe también identifica brechas de financiamiento, infraestructura y capacidades institucionales que afectan el avance de los objetivos

De las 134 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que pudieron evaluarse a escala regional, 19 por ciento ya se cumplió o tiene probabilidades de cumplirse en 2030 si se mantiene la tendencia actual, de acuerdo con el diagnóstico más reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Otro 42 por ciento avanza en la dirección correcta, pero a un ritmo insuficiente para alcanzar las metas en el plazo previsto, mientras que el 39 por ciento restante permanece estancado o presenta retrocesos, según la evaluación regional.

Cuando los países de América Latina y el Caribe adoptaron la Agenda 2030 establecieron un plazo de 15 años para avanzar en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen metas relacionadas con pobreza, hambre, desigualdad, agua, energía, ciudades, producción, acción climática e instituciones. Para 2030 quedan cuatro años. La CEPAL señala que, en 2025, 23 por ciento de las metas evaluadas estaba en camino de cumplirse, proporción que para 2026 se redujo cuatro puntos porcentuales.

El comportamiento tampoco es uniforme entre los objetivos. De acuerdo con la CEPAL, en seis de los 17 ODS más de la mitad de las metas evaluadas está estancada o presenta retrocesos. Al mismo tiempo, algunos objetivos registran una evolución más favorable, entre ellos el ODS 7, relacionado con energía asequible y no contaminante.

El diagnóstico regional de la CEPAL examina las condiciones económicas, sociales, ambientales e institucionales que están relacionadas con el ritmo de avance de los ODS y plantea la necesidad de fortalecer las capacidades de implementación, el financiamiento y la coordinación de las políticas públicas para acelerar el cumplimiento de las metas.

Una brecha de 650 mil millones de dólares al año

El financiamiento aparece entre los principales desafíos señalados por la CEPAL. El organismo estima que América Latina y el Caribe necesita alrededor de 650 mil millones de dólares adicionales cada año para cerrar las brechas de inversión asociadas con el cumplimiento de los ODS.

En el ODS 17, dedicado a los medios de implementación, la ficha regional de 2026 registra una trayectoria descendente en la movilización de recursos internos, una disminución de la asistencia oficial para el desarrollo y una inversión extranjera que continúa siendo insuficiente frente a las necesidades de la región.

Asimismo, señala que el entorno internacional se ha vuelto más fragmentado e imprevisible, lo que dificulta las condiciones para el financiamiento del desarrollo.

La capacidad de los países para generar ingresos internos también forma parte del diagnóstico. En 2023, la recaudación tributaria representó, en promedio, 21.3 por ciento del PIB de América Latina y el Caribe, frente a 34 por ciento en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con datos citados por la CEPAL. Ese mismo año, la evasión tributaria fue estimada en 433 mil millones de dólares, equivalentes a 6.7 por ciento del PIB regional.

La CEPAL aclara que estas cifras no deben sumarse como si representaran recursos disponibles para financiar inmediatamente los ODS. La recuperación de la totalidad de los recursos asociados con la evasión tampoco permitiría, por sí sola, cubrir la brecha anual de financiamiento estimada por el organismo.

El acceso al financiamiento internacional enfrenta además condiciones relacionadas con la clasificación de los países. La CEPAL señala que muchos países de la región son considerados economías de ingreso medio o medio-alto, situación que puede limitar el acceso a determinadas fuentes de financiamiento concesional pese a la persistencia de brechas sociales y productivas.

Durante 2024, la asistencia oficial para el desarrollo disminuyó 4.5 por ciento en términos reales a nivel mundial, mientras que América Latina y el Caribe recibió 6.7 por ciento de esos recursos, según la CEPAL. En paralelo, la deuda de los gobiernos centrales se mantuvo, en promedio, por encima del 50 por ciento del PIB.

Agua y saneamiento: cuando la infraestructura no alcanza

El agua y el saneamiento forman parte de las áreas en las que persisten brechas importantes. En 2024, 140 millones de personas de América Latina y el Caribe no tenían acceso a servicios de agua potable gestionados sin riesgos y 324 millones no contaban con servicios de saneamiento gestionados en esas mismas condiciones, de acuerdo con la CEPAL.

Las diferencias entre subregiones también son amplias debido a que el acceso a agua potable gestionada sin riesgos alcanzó 83.1 por ciento en América del Sur, pero se ubicó en 58.9 por ciento en el Caribe y en 49.2 por ciento en Centroamérica, según los datos regionales.

La CEPAL señala que los recursos destinados al sector del agua no siempre se han traducido en aumentos sostenidos de capacidad y calidad. Entre los factores que identifica están la existencia de redes incompletas, plantas subdimensionadas y mecanismos insuficientes para cubrir los costos de energía, operación y mantenimiento. En las zonas rurales, el organismo también señala problemas de fragmentación institucional y limitaciones técnicas.

Además, el Programa Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para 2026-2029 coincide en señalar las capacidades institucionales como uno de los factores relacionados con las trayectorias de desarrollo de la región. El documento identifica dificultades de gobernanza e insuficiente capacidad institucional, junto con vulnerabilidades económicas, cambio climático, fragmentación social y transformaciones tecnológicas.

Industria e innovación: otro límite para el desarrollo

La situación productiva también aparece en la evaluación de los ODS. En el caso del ODS 9, relacionado con industria, innovación e infraestructura, la CEPAL reporta una tendencia descendente en la participación de la manufactura dentro del PIB y el empleo regionales.

El gasto en investigación y desarrollo como proporción de la economía, señala el organismo, se ha mantenido prácticamente estancado durante la última década. A ello se suma una baja participación empresarial en las actividades de investigación y desarrollo y una reducida densidad de investigadores.

Entre 2000 y 2022 tampoco se registró un incremento sostenido en la participación de las manufacturas de tecnología media y alta dentro de la producción industrial regional, de acuerdo con la CEPAL.

El organismo vincula estos indicadores con los desafíos de transformación productiva de América Latina y el Caribe, y señala que el avance hacia los ODS requiere fortalecer la productividad, la innovación, las capacidades tecnológicas y la estructura productiva de los países.

Las brechas persisten aunque los promedios mejoren

Los indicadores de cobertura también presentan diferencias importantes según el territorio y el nivel de ingresos. La tasa regional de electrificación pasó de 91.7 por ciento en 2000 a 98.5 por ciento en 2023, de acuerdo con los datos utilizados por la CEPAL. En las zonas urbanas alcanzó 99.7 por ciento, mientras que en las rurales llegó a 92.9 por ciento.

Las diferencias también aparecen entre grupos de ingresos. En 2024, 3.6 por ciento de la población perteneciente al 20 por ciento de menores ingresos carecía de electricidad. En las zonas rurales, la proporción alcanzó 10.2 por ciento, según la información regional.

La CEPAL identifica al ODS 10, dedicado a reducir las desigualdades, como el objetivo que concentra la mayor proporción de metas estancadas o en retroceso. También reporta que más de 55 por ciento de las metas evaluadas permanece estancado o presenta retrocesos en los objetivos relacionados con el hambre, la producción y el consumo responsables, la acción climática y los ecosistemas terrestres.

Capacidades institucionales

El PNUD también incorpora la dimensión institucional en su análisis regional de 2026. De acuerdo con el organismo, América Latina y el Caribe continúa siendo la región más democrática del mundo en desarrollo y más de cuatro de cada cinco personas viven en países democráticos.

Al mismo tiempo, menos de la mitad de la población está satisfecha con el funcionamiento de la democracia y más de 70 por ciento considera que los gobiernos responden a intereses particulares, según el informe del PNUD.

Los niveles de confianza institucional registrados en 2024 también fueron reducidos: 31.1 por ciento de la población manifestó confiar en el gobierno, 28.4 por ciento en el Poder Judicial y 16.9 por ciento en los partidos políticos.

El PNUD plantea que la implementación de políticas de desarrollo requiere capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas. Estas capacidades, señala, permiten a las instituciones diseñar políticas, gestionar su implementación, anticipar escenarios y construir acuerdos.

El diagnóstico regional también registra objetivos con una evolución favorable. El ODS 7, relacionado con energía asequible y no contaminante, es el único de los 17 objetivos en el que ninguna de las metas evaluadas aparece estancada o en retroceso, de acuerdo con la CEPAL. Alrededor de 80 por ciento de sus metas tiene altas probabilidades de alcanzar los umbrales establecidos para 2030 si se mantiene la tendencia actual.

La Comisión presenta distintos casos nacionales para mostrar políticas asociadas con estos avances. En El Salvador, un subsidio al gas licuado de petróleo focalizado mediante criterios socioeconómicos y de consumo eléctrico contribuyó a que la cobertura de tecnologías y combustibles limpios para cocinar pasara de 58.4 por ciento en 2000 a 94.4 por ciento en 2023, según el organismo.

En Santiago de Chile, la expansión del transporte eléctrico combinó recursos públicos, inversión de operadores privados y créditos verdes de bancos multilaterales. Durante 2025 se incorporaron 308 autobuses eléctricos, y para marzo de 2026 alrededor de siete de cada 10 autobuses de la red eran eléctricos, de acuerdo con los datos presentados.

La gestión del riesgo de desastres ofrece otros ejemplos. En Costa Rica, la proporción de gobiernos locales que aplicaban estrategias alineadas con el marco nacional pasó de 2.2 por ciento en 2005 a 100 por ciento en 2015, nivel que posteriormente se mantuvo. En Colombia, pasó de 3.5 por ciento en 2008 a 89.6 por ciento en 2023. Ecuador y Chile también registraron incrementos.

El organismo identifica entre los elementos presentes en estas experiencias los marcos legales con responsabilidades claras para los gobiernos locales, las estrategias nacionales actualizadas, las metas de cobertura y el apoyo técnico para implementar las medidas.

En materia de agua también destaca el caso de Costa Rica. Durante 2024, el país avanzó hacia un esquema tarifario con cargos fijos y variables y una tarifa social focalizada. Los hogares en pobreza extrema quedaron exentos del pago de los primeros 15 metros cúbicos, mientras que los hogares en pobreza básica recibieron un descuento de 50 por ciento para ese mismo volumen.

Cuatro años para acelerar el cumplimiento

El diagnóstico de la CEPAL señala que América Latina y el Caribe mantiene avances en distintas áreas, pero a una velocidad insuficiente para alcanzar buena parte de las metas en 2030.

Al menos la mitad de las metas relacionadas con pobreza, educación, igualdad de género, trabajo decente, infraestructura e innovación, ciudades sostenibles e instituciones sólidas avanza en la dirección correcta, aunque el ritmo actual no permitiría alcanzar los objetivos dentro del plazo establecido, según el organismo.

A cuatro años de 2030, la CEPAL plantea la necesidad de acelerar la implementación de políticas y fortalecer las condiciones que permiten sostenerlas. Entre los elementos que aparecen en sus análisis están el financiamiento, la movilización de recursos internos, las capacidades institucionales, la coordinación entre actores, el apoyo técnico y la continuidad de las políticas.

Los casos revisados por el organismo muestran distintas formas en las que esos elementos han acompañado avances concretos en energía, transporte, gestión de riesgos y agua.

El balance regional deja así una combinación de avances y rezagos: el 19 por ciento de las metas evaluadas está cumplido o tiene probabilidades de cumplirse; 42 por ciento avanza, pero demasiado lento, y 39 por ciento permanece estancado o retrocede. Con cuatro años por delante, esa es la situación que enfrentan los países de América Latina y el Caribe rumbo a 2030.