Hace unas semanas comentamos que extrañamente la Procuraduría General de la República (PGR) ha enviado al archivo varios expedientes de averiguaciones previas sobre políticos, funcionarios y exservidores públicos, algunos del gobierno de Felipe Calderón, debido al desistimiento del Ministerio Público federal a pesar de haber suficientes evidencias de actos de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, vínculos con el crimen organizado, extorsiones, sobornos, chantajes, desapariciones forzadas y hasta homicidios.