Por la aprobación del Protocolo Facultativo del PIDESC
Existen numerosos mitos alrededor de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Uno de ellos ha sido negar que éstos puedan ser motivo de sentencias de los tribunales por no ser jurídicamente vinculantes, debido a su naturaleza ligada a la satisfacción de necesidades básicas de las personas, como son alimentación, salud, vivienda, cultura, trabajo, agua y medio ambiente. Los DESC han sido vistos e interpretados como sugerencias de políticas sociales para que los Estados los consideren progresivamente. Esta visualización equívoca de las obligaciones de los Estados provoca que estas acciones sean tomadas como “actos de buena voluntad” y no como obligaciones. La aclaración es oportuna: todos los derechos humanos contienen, al menos, un elemento cuyo cumplimiento puede ser exigido por la vía judicial.
