La política de vivienda en México está enfocada en la compra-venta más que en la recuperación. Las más beneficiadas son las constructoras, no los compradores directos. El arquitecto e investigador, Guillermo Boils señala que se trata de “políticas de exclusión”. Necesarias, viviendas populares de mejor calidad y la incidencia del Estado: necesarias, 14 millones 840 mil acciones de mejoramiento y ampliación
La mitad del parque habitacional del país, conformado por 35 millones de casas, requiere de acciones de recuperación o reemplazo, y sólo 18 millones de estos conjuntos habitacionales están habitados. Una vivienda de calidad no corresponde con su objetivo: permitir el desarrollo y bienestar de las personas, lo cual incide en la calidad de vida, explica investigador de la UNAM, “el concepto de intimidad es cuestionable”
Aproximadamente 8 millones de mexicanos viven hacinados. Aunado a esto, la Comisión Nacional de Vivienda estima que 2 millones de hogares se caracterizan por ser viviendas redondas: espacios en los que no existe división entre cocina, comedor, sala y recámaras. Los rezagos en la materia son evidentes también en las más de 33 millones de personas sin acceso a agua potable al interior de sus casas, y en los casi 12 millones que tampoco cuentan con drenaje
Esta pregunta no concierne únicamente a un individuo, a su trayectoria política ni a las operaciones ideológicas que lo han convertido en una figura emblemática
La presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene empresas favoritas, aseguró la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, quien además anunció que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF)revisar los procedimientos de licitación del organismo, en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos de material y documentación electoral.
Alexandre Roig advierte que el progresismo pierde credibilidad y abre paso a la extrema derecha cuando no transforma la realidad social.
Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que los municipios deberán entregar de manera directa al menos el 10 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales que reconocen su autonomía.
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