
Estampas priístas
Para el maestro Carlos Fernández Vega: por su recuperación y el regreso a su imprescindible columna
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Dos de los más recientes procesos judiciales que se ventilan públicamente e involucran a políticos, artistas y narcotraficantes con el supuesto delito de lavado de dinero, confirman la desigualdad en la aplicación de justicia que hay en nuestro país. Por un lado, el gobierno protege a los amigos y miembros del sistema y evita que rindan cuentas y enfrenten a la justicia, como sucede con el exgobernador y expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira. De manera distinta, se acosa judicialmente y se violan derechos a quienes critican al gobierno y antes de un juicio se les exhibe públicamente en una clara afectación al debido proceso, tal como ocurre con la actriz Kate del Castillo.
La deuda pública de las entidades federativas y los municipios sigue en aumento. En 2007 –el primer año del gobierno de Felipe Calderón– los adeudos ascendían a 186 mil 470 millones de pesos en total; para el inicio de la gestión de Enrique Peña Nieto, en 2013, sumaban 482 mil 807 millones 200 mil; y al cierre de septiembre de 2015 alcanzaron los 515 mil 758 millones 100 mil pesos.
Las críticas de Humberto Moreira a los secretarios de Educación y del Trabajo, Alonso Lujambio y Javier Lozano, respectivamente, suenan a cortina de humo para
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