La ceguera provocada a indígenas por un programa de la Fundación Cinépolis –hecho que aún permanece en la impunidad– deja al descubierto la negligencia gubernamental y la falta de supervisión de la laureada campaña Del Amor Nace la Vista.
Hace ya 9 años 4 meses que el gobierno federal inició una espiral de violencia y terror. El costo para la sociedad de la supuesta “guerra” contra el narcotráfico ha sido muy elevado: ejecuciones, desapariciones, feminicidios, torturas, violaciones, agresiones sexuales, secuestros, extorsiones que se cuentan por decenas de miles. A ello se suma la impunidad y el miedo.
Si nos atenemos a lo que dice de sí mismo, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) es la guerrilla decana de todo el movimiento armado mexicano. Está cumpliendo 52 años de guerra popular prolongada contra el Estado burgués y sus gobiernos. Es decir, fue fundado en 1964: 1 año antes del ataque al Cuartel de Madera (efectuado por el Grupo Popular Guerrillero del duranguense Arturo Gámiz y el chihuahuense Pablo Gómez) y 2 años después del asesinato del morelense Rubén Jaramillo (quien había dejado las armas, se encontraba en la lucha social y fue acribillado por elementos del Ejército Mexicano junto con sus hijos y su esposa embarazada).
Cada año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) da cuenta en su informe sobre el mal manejo y el desvío de recursos públicos en las administraciones de las secretarías de Estado, órganos descentralizados, empresas gubernamentales, gobiernos estatales y presidencias municipales, entre otros.
Entre el listado de problemas sociales, económicos y políticos, está el referente a deslindar responsabilidades a los funcionarios de los tres poderes, en la competencia federal. Y en las entidades del federalismo, también es competente el juicio político, en los términos de los Artículos 108 al 114 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos vigente quien, a pesar de las más contrarreformas que reformas para “resolver con más democracia los problemas de la democracia”, mantiene principios a los que la nación debe asirse para exigir su cumplimiento. No hay muchas señales de que la élite presidencial y de los gobernadores quiera dar cuenta y razón de sus actos, por lo que esos 300 juicios políticos, con nombre y apellido no se han tramitado.
En el actual gobierno no habrá “protección” para presidentes municipales, jefes de policía o funcionarios de cualquier nivel que estén involucrados con la delincuencia organizada,
“La violencia hacia las mujeres se debe, entre otras cosas, fundamentalmente a la discriminación que hay […], pensándolas como inferiores, como distintas. Y lo que
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