Una vez documentado el espionaje estadunidense sobre territorio mexicano y su población, incluido el presidente Enrique Peña Nieto –lo cual era del dominio público pero ahora ha sido comprobado con documentos extraídos de órganos de inteligencia de aquel país–, qué argumentos puede utilizar el gobierno federal para reclamar enérgicamente a su homólogo de Estados Unidos, cuando han sido las mismas administraciones priístas y panistas que durante décadas consintieron el intervencionismo extranjero en las decisiones políticas, económicas y de seguridad del país.
En el sexenio pasado, cuando el panista Felipe Calderón ocupó la residencia oficial de Los Pinos, la corrupción, el abuso y el tráfico de influencias marcaron su gobierno. No podía ser de otra manera, ya lo había anunciado desde que, con elecciones amañadas, usurpó en 2006 la Presidencia de la República.
El amplio archivo que integró la PGR en contra de Raúl Salinas de Gortari –y que deberá defender en el proceso de apelación de la sentencia que exoneró al ingeniero y a sus cómplices– da cuenta puntual de cómo se fraguó y operó el multimillonario fraude a las finanzas públicas. El año 1991 marcó un punto fundamental en esa historia de peculado, que involucró prestanombres, más de un centenar de cuentas bancarias en México y el extranjero, una decena de empresas y más de 40 bienes inmuebles. El complejo esquema financiero y empresarial fue ideado explícitamente por dos abogados para ocultar que el origen de la fortuna es el erario nacional. En breve, el hermano incómodo del expresidente Carlos podría recuperar cada centavo y propiedad
Hace algunos días circuló la escalofriante noticia sobre la “vida” esclavizada y de horror a la que son sometidas diversas mujeres por proxenetas “profesionales” y despiadados, quienes no las consideran más que una mercancía y una herramienta de trabajo para ganar dinero.
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