Cada año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) da cuenta en su informe sobre el mal manejo y el desvío de recursos públicos en las administraciones de las secretarías de Estado, órganos descentralizados, empresas gubernamentales, gobiernos estatales y presidencias municipales, entre otros.
La falta de normatividad en materia de comunicación gubernamental históricamente ha dado pie al “atropello oficial” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a diversos derechos humanos vitales para un Estado democrático –como son la seguridad jurídica, la libertad de expresión, el derecho a la información, la transparencia y rendición de cuentas–, al impune despilfarro de recursos públicos y la construcción de imágenes políticas con cargo al erario, explican especialistas
La semana pasada, el contralor del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero Pozas, acusó a los consejeros de ese Instituto, incluido su presidente, Leonardo Valdés Zurita, y su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, de ocultar la corrupción y el desvío de recursos públicos en la adquisición de bienes y servicios, una práctica conocida en ese órgano electoral autónomo.
Otra vez es noticia el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna. No únicamente por los señalamientos que le hicieron los ministros
Tenemos que hacer el máximo esfuerzo para preservar hasta el final [los] derechos que estén más cerca del corazón de la Constitución. ¿Y cuál sería
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En vísperas de su extinción, el Inai se sigue revelando como un organismo sumido en la corrupción y la opacidad. Ahora, la auditoría 02-2024 –elaborada
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