El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció esta mañana la puesta en marcha de un plan especial para extrabajadores de Luz y
Maestros, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, sindicatos, campesinos, opositores a megaproyectos, normalistas… “atentan” contra la seguridad nacional, según la Agenda Nacional de Riesgos. Por ello, son víctimas de represión, acoso, espionaje, encarcelamiento y muerte.
En el ámbito de la atmósfera oficial no dejan de flotar las mentiras concernientes a las bondades de la reforma energética, bajo cuya apertura en el sector eléctrico se trata de vender al país la idea de la baja en las tarifas de electricidad, como años atrás sucedió con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en octubre del 2009, que en sentido inverso fomentó más daños que beneficios a la economía de los 6 millones de usuarios de la zona centro, al asumir la prestación del servicio la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hoy en quiebra.
Lo expresado por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, durante la celebración de la Segunda Reunión Plenaria de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el sentido del acuerdo alcanzado entre el gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para concluir el conflicto laboral que detonó el 11 de octubre de 2009 el irresponsable y autoritario gobierno de Felipe Calderón, con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, muestra los frutos de una lucha justa y digna que mantuvieron a lo largo de 6 años de resistencia los 16 mil 599 trabajadores que se negaron a aceptar el espejismo de una liquidación que pretendió aniquilar a la organización gremial más independiente y combativa del país.
Es momento de que los mexicanos se enteren a cabalidad del abandono en que se encuentran las plantas de generación operadas por los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hasta antes de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre de 2009.
El 11 de octubre de 2009 se convirtió en una fecha que ha quedado inscrita en el memorial contemporáneo de nuestro país como el día en que un gobierno utilizó toda su fuerza policiaca y militar para despojar de su fuente de trabajo, con la intimidación y las armas, a 44 mil trabajadores bajo un escenario propio de un golpe de Estado.
Dos instituciones encargadas de la seguridad nacional fueron utilizadas contra el Sindicato Mexicano de Electricistas durante el sexenio pasado: la Sedena y el Cisen. La primera envió soldados –disfrazados de policías– a las instalaciones de la entonces paraestatal Luz y Fuerza del Centro para desalojar a los trabajadores.
Si los gobernantes en turno afirman que México es un país democrático, el tema de la reforma energética debe llevarse a un debate nacional donde participen no sólo los grupos empresariales –interesados en apropiarse de buena parte de los dividendos de la renta petrolera, de los contratos de exploración, explotación y los procesos de refinación–, sino todos los sectores sociales, así como intelectuales y especialistas en la materia, para evitar que un asunto de vital trascendencia para el futuro del país sea aprobado por una irresponsable mayoría en el Congreso de la Unión, como ya aconteció con las reformas laboral y educativa. Presentamos esta serie de artículos para argumentar el porqué los mexicanos debemos decir “no” a los cambios que se pretenden realizar en el sector, de acuerdo con lo planteado por priístas y panistas.
Millones de usuarios de la energía eléctrica en todo el territorio nacional están a la espera de una voz que los guíe y oriente para encauzar su justificado descontento por los altos cobros en sus recibos de luz y el pésimo servicio que viene prestando, a través de empresas contratistas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no únicamente en las entidades de la zona centro (antes atendida por Luz y Fuerza del Centro), sino en el resto del país.
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