El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció esta mañana la puesta en marcha de un plan especial para extrabajadores de Luz y
Maestros, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, sindicatos, campesinos, opositores a megaproyectos, normalistas… “atentan” contra la seguridad nacional, según la Agenda Nacional de Riesgos. Por ello, son víctimas de represión, acoso, espionaje, encarcelamiento y muerte.
En el ámbito de la atmósfera oficial no dejan de flotar las mentiras concernientes a las bondades de la reforma energética, bajo cuya apertura en el sector eléctrico se trata de vender al país la idea de la baja en las tarifas de electricidad, como años atrás sucedió con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en octubre del 2009, que en sentido inverso fomentó más daños que beneficios a la economía de los 6 millones de usuarios de la zona centro, al asumir la prestación del servicio la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hoy en quiebra.
Lo expresado por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, durante la celebración de la Segunda Reunión Plenaria de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el sentido del acuerdo alcanzado entre el gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para concluir el conflicto laboral que detonó el 11 de octubre de 2009 el irresponsable y autoritario gobierno de Felipe Calderón, con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, muestra los frutos de una lucha justa y digna que mantuvieron a lo largo de 6 años de resistencia los 16 mil 599 trabajadores que se negaron a aceptar el espejismo de una liquidación que pretendió aniquilar a la organización gremial más independiente y combativa del país.
Es momento de que los mexicanos se enteren a cabalidad del abandono en que se encuentran las plantas de generación operadas por los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hasta antes de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre de 2009.
El 11 de octubre de 2009 se convirtió en una fecha que ha quedado inscrita en el memorial contemporáneo de nuestro país como el día en que un gobierno utilizó toda su fuerza policiaca y militar para despojar de su fuente de trabajo, con la intimidación y las armas, a 44 mil trabajadores bajo un escenario propio de un golpe de Estado.
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