No hay por qué rogar mantener un acuerdo que nunca fue para beneficio de los pobres. Llorarán algunos empresarios encumbrados, como aquellos agroempresarios que se beneficiaron del desmantelamiento del ejido y que hacen fortuna con la mano de obra jornalera indígena, que han revivido las tiendas de raya y las guardias blancas; y que finalmente lo que producen nunca fue para el mercado mexicano
Los precios en el diésel agropecuario y fertilizantes se incrementan sin tope alguno, hasta en un 40 por ciento. A ello se suma una deuda gubernamental de 11 mil 800 millones en apoyos a los productores.
El mercado agroalimentario mexicano, en poder de 42 compañías trasnacionales.
Agricultores, plataformas ciudadanas y organizaciones de la sociedad civil celebraron hace unas semanas la decisión de Monsanto de retirar las solicitudes de comercialización en la Unión Europea de sus semillas genéticamente modificadas.
Brasil es el segundo mayor productor de transgénicos en el mundo: ha cedido 37.1 millones de hectáreas a este tipo de cultivos. De ese total, 24.4 millones se destinan a la siembra de soya genéticamente modificada, y el resto se reparte entre maíz y algodón. Mientras los defensores alegan que se podrán abatir tanto el hambre como el uso de herbicidas, los ecologistas señalan el riesgo de perder plantas y semillas que constituyen un patrimonio genético de la humanidad
La embestida de las trasnacionales contra los centros de origen y diversidad de los principales cultivos alimentarios del mundo está en marcha. Las solicitudes hechas por Monsanto y Pioneer Hi-Bred Internacional al gobierno mexicano para la siembra de maíz genéticamente modificado a escala comercial en su centro de origen y diversidad es apenas el comienzo de una estrategia global de control político y económico.
El antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, explica que nunca se ha realizado un combate real a la pobreza que padece la Montaña de Guerrero. En entrevista con Contralínea, explica que quienes ganan con los programas asistencialistas son contratistas, funcionarios y algunas empresas; nunca los indígenas. A las comunidades sólo llegan limosnas que sirven para remozar alguna fachada, pero nunca para acabar con el hambre o garantizar la educación de los niños.
El eslogan “Vivir mejor” se tradujo, para las comunidades montañeras, en arcos de bienvenida a la entrada de los pueblos, curatos e iglesias de concreto, un corral para jaripeos y remozamiento de las fachadas de las comisarías. Los niños siguen creciendo, famélicos y con andrajos, tan pobres como sus padres y más aun que sus abuelos. La violencia del narcotráfico cerca a las comunidades más pobres
En las comunidades de la Montaña de Guerrero, los abuelos no tienen acceso a servicios médicos; tampoco a vivienda digna ni alimentación sana. Trabajan más de 12 horas al día y consiguen menos de 7 pesos por jornada. Programas para Vivir Mejor prefirieron remozar fachadas y construir curatos antes que establecer el primer hospital para los na’saavi, me’phaa y nahuas de la región.
Indígenas na’saavi mueren en La Montaña de Guerrero por falta de clínicas y médicos, pero también de caminos. Decenas de comunidades quedan aisladas durante meses: la región se vuelve impenetrable también para maestros y proveedores de maíz y otros productos básicos. Es Cochoapa El Grande, el municipio más pobre de México, al que gobiernos de todos los colores han prometido sacar de la miseria.
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