Recientemente autoridades del Estado mexicano, periodistas, opinadores, abogados y hasta el ombudsman nacional han desatado una ola de “condenas” en contra de las policías comunitarias de Guerrero (instituciones que operan desde hace varios lustros), al tratar de equipararlas con “grupos de autodefensa” que surgieron apenas hace algunos meses y que se prestan a exhibiciones mediáticas.
En Guaymas, Sonora, a fines de 2011, se reunieron los directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Reguladora de Energía para ultimar lo que llamaron “un cambio estructural del mercado de gas natural en México”. Su objetivo, abatir cuellos de botella al ampliar el sistema de gasoductos y facilitar las importaciones del shale gas [gas de esquisto] de Estados Unidos. Fueron los primeros impactos de la revolución tecnológica que ocurre al otro lado del Río Bravo.
Las conclusiones de la tragedia en Petróleos Mexicanos (Pemex) ante expertos nacionales e internacionales es que hubo una explosión de gas. Ello fue provocado por un fluido que estalló debido a una conexión con un cable “rudo”. Cuando menos eso se desprende de lo informado por Jesús Murillo Karam, procurador General de la República.
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