Cuando el general Lázaro Cárdenas asumió la Presidencia de la República en 1934, los energéticos se encontraban de forma absoluta en manos de empresas extranjeras; por ello, el crecimiento de la economía y el bienestar del pueblo de México se supeditaban a los caprichos e intereses de los voraces capitales internacionales.
Desde antes de asumir el poder, el equipo de Enrique Peña Nieto manifestó que, de llegar a la Presidencia de la República, habría cambios en la estrategia de combate al crimen organizado: se mantendría la lucha de manera implacable, pero desde un enfoque interno regionalizado, como ha impulsado últimamente el gobierno de Estados Unidos y otros regímenes latinoamericanos. Es necesario precisar que el Plan de Seguridad de Peña Nieto no se ha dado a conocer como tal, de manera completa; sí se han esbozado ya varios aspectos.
Las constituciones escritas han sido conquistas democráticas y republicanas, conquistas de la democracia directa, cuando revolucionaria o más o menos pacíficamente las sociedades civiles participan directamente para exigir la implantación de la ley fundamental.
Apenas fue una modesta escena de nerviosismo resentido entre la manada de insaciables inversionistas que especulan a su gusto en los casinos mexicanos, con la generosa complacencia de los gerentes priísta-panistas de la revolución de los ricos contra los pobres, o en cualquier otro país que les ofrezca ganancias rápidas, sin restricción alguna, sin ningún costo. Fue como una especie de divertimento, el cual antecede a la estampida de capitales, harto conocida desde 1981, con sus consecuentes efectos devastadores y cuyas principales víctimas son las mayorías. Porque los grandes buitres, versados en doblegar gobiernos, el pillaje financiero, derrumbar mercados y hundir economías, levantan el vuelo a tiempo, huyen precipitadamente y rara vez pierden.
Hace 6 meses, tras la brutal provocación y represión del 1 de diciembre –día del regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI)– , se aprobó el 2 de diciembre el Pacto por México, que calificamos desde un inicio como Pacto Antiméxico. La razón de ese calificativo es que el Pacto cupular, firmado por tres partidos: PRI, Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) se saltó al Congreso de la Unión y jamás se puso a discusión pública.
Más de 3 mil 600 alumnos y una treintena de académicos de la UNAM han sido sancionados por el Tribunal Universitario desde 1999, cuando detonó la última huelga general estudiantil. Las sentencias más recientes se ejercieron este año contra alumnos del bachillerato, críticos de la reforma al sistema CCH. El 97 por ciento de los casos que revisa el organismo terminan en sanción: todo aquel estudiante, profesor o investigador acusado ante el Tribunal sabe que sus posibilidades de resultar absuelto se reducen casi a cero.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a un grupo
La presunta participación en un operativo en campo de los dos agentes estadunidenses que fallecieron en Chihuahua evidenció una falla en el gobierno estatal, pues
Más de 80 mil migrantes han muerto o desaparecido mientras se desplazaban hacia un destino diferente al de su origen desde 2014, cuando comenzó el
Esto no admite eufemismos, lo que se despliega entre El Vaticano y La Casa Blanca es un choque frontal de narrativas, no una discrepancia diplomática ni un malentendido coyuntural.
