Santuario ballenero, en riesgo por productora de sal. Los residuos de la empresa –mitad mexicana, mitad de Mitsubishi– hacen que las aguas de un refugio de ballenas sean más densas que las del Mar Muerto
Todo parece indicar que un caso más de corrupción y abuso de poder en el gobierno federal quedará impune, con un consecuente daño a las finanzas públicas de hasta 44.3 millones de dólares (unos 558.5 millones de pesos, a un tipo de cambio de 12.9 pesos por dólar).
Los impulsores de la tendencia reformista que desde el Congreso de la Unión buscan desaparecer la función social del Estado, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben un cúmulo de explicaciones a todos los sectores sociales del país y pueden enfrentar responsabilidades legales por la adjudicación de valiosos bienes públicos con valor de varios miles de millones de pesos a favor de diversos monopolios, como aconteció con la fibra óptica de empresas del sector eléctrico. Casos concretos son Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La anunciada intención de aprobar en el Congreso de la Unión la reforma energética, que permitiría abrir las puertas a la inversión privada en Petróleos Mexicanos (Pemex) debe de ser motivo de una compleja reflexión nacional, donde todos los sectores sociales participen y exijan que antes de cualquier modificación constitucional, los impulsores del proyecto expliquen bien y a todos los mexicanos las condiciones en que se han administrado nuestros recursos energéticos en los últimos sexenios.
Por unanimidad de votos, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma al artículo 21 constitucional, el cual otorga a la Secretaría de Seguridad
Después de una sesión de dos días, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el dictamen de reforma constitucional para desaparecer
Las “más de 800 modificaciones” que ha sufrido la Constitución Mexicana, desde su promulgación en 1917, “erosionan su estabilidad y legitimidad”, criticó la presidenta de
Con el proyecto Seguridad energética, hídrica y alimentaria para pueblos originarios en regiones costeras semiáridas del norte de México, se está impulsando el uso de
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