Monopolio

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“Donde manda Azcárraga no gobierna Peña Nieto”

Nostálgico del sistema presidencialista fuerte, omnímodo, desde la máxima tribuna de la llamada república, un orador evoca la rehabilitación de la potestad rectora del Estado perdida durante la pesadilla teocrática panista, abyectamente entregada al vasallaje y la rapiña de los grupos de poder internos y externos, en particular de los oligárquicos, a cambio de su fallido respaldo para tratar de mantenerse en el gobierno, cuidándose, desde luego, de señalar que su debilitamiento no fue iniciado por los panistas.

La entrega de la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro y de la CFE

Los impulsores de la tendencia reformista que desde el Congreso de la Unión buscan desaparecer la función social del Estado, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben un cúmulo de explicaciones a todos los sectores sociales del país y pueden enfrentar responsabilidades legales por la adjudicación de valiosos bienes públicos con valor de varios miles de millones de pesos a favor de diversos monopolios, como aconteció con la fibra óptica de empresas del sector eléctrico. Casos concretos son Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El monopolio de la privacidad

Si la información es poder, entonces Facebook, la red social con más de 1 mil millones de usuarios, es Zeus omnipresente y supervisor del universo. Recientemente este dios cibernético aprendió cómo apuntar su rayo a personas con características tan específicas que hasta un agnóstico creería en su poder divino.

La farsa de la reforma neoliberal de las telecomunicaciones

La reforma de telecomunicaciones es un engendro curioso. Es presentada por Enrique Peña Nieto como “una iniciativa que se diseñó, se dialogó y se acordó en democracia”, en la que “todas las voces cuentan [porque] son importantes para la construcción de los acuerdos en [un] clima de normalidad democrática”. Que busca “crear una nueva estructura institucional a favor de la competencia”, la “cobertura universal, la inclusión social, buenos precios, calidad en el servicio y en los contenidos”. En la que “el Estado establezca y haga valer su rectoría” sobre los grupos de poder y “la entrega o el retiro de concesiones no responderá a criterios políticos sino a criterios técnicos”, porque lo más importante es “atender las demandas más sentidas de los mexicanos de impulsar reformas transformadoras de nuestra realidad para servir a todo México”.

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