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Periodistas protegidos contra funcionarios y delincuencia

En nuestro país, los defensores de los derechos humanos son los más amenazados. Muchos han sido agredidos y encarcelados por funcionarios de las tres instancias de gobierno y también por delincuentes. Hacer valer garantías y derechos les ha valido toda clase de intimidaciones, particularmente por instancias gubernamentales que no entienden que, ante las violaciones a los derechos, las agrupaciones civiles deben denunciarlas para alertar a la opinión pública de las injusticias que permiten, por omisión o complicidad, las autoridades judicial y administrativa.

Los Salinas, símbolo de impunidad y corrupción

Un juez federal, Carlos López Cruz, absolvió el pasado 19 de julio a Raúl Salinas de Gortari del delito de enriquecimiento ilícito de más de 224 millones de pesos. Imposible desligar a Raúl de su hermano, el expresidente Carlos, y a ambos del brutal abuso de poder, del tráfico de influencias y del delito de peculado que cometieron a partir de que este último asumió la Presidencia de la República.

El declive del Z-40

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto va a destacar como un logro fundamental de su primer año de gobierno la captura de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, conocido como el mando principal de Los Zetas, la organización criminal fundada por exmilitares y famosa por su nivel de violencia y brutalidad.

Los Zetas, intactos

Los Zetas controlan total o parcialmente los negocios criminales en 21 entidades de México y tienen cobertura en otras cinco, a pesar de la existencia de cinco grupos dedicados exclusivamente a asesinarlos.

La sumisa justicia mexicana

Desde hace varios sexenios, destacadamente en los dos últimos gobernados por el Partido Acción Nacional, la sumisa justicia mexicana dispuso que los principales narcotraficantes capturados en territorio nacional fueran extraditados a Estados Unidos para ser juzgados y encarcelados en aquel país, práctica similar a lo ocurrido en Colombia hace 30 años, cuando los principales líderes de los cárteles fueron reclamados por las autoridades estadunidenses y el gobierno colombiano accedió a entregarlos sin objetar, lo que ocasionó una guerra interna desatada por los llamados “extraditables” y con ello miles de muertes.

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