Por primera vez, las autoridades mexicanas admiten públicamente que los siete grandes bancos que operan en el país han posibilitado a criminales de todo tipo –desde narcotraficantes hasta los llamados delincuentes de cuello blanco– lavar miles de millones de pesos en el sistema financiero.
El próximo diciembre se cumple ya 1 década de supuesta “guerra” contra el crimen organizado.
La Agenda Nacional de Riesgos 2016 –elaborada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y avalada por el Congreso de la Unión– incluye como tema prioritario el crimen organizado trasnacional, revela el Cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña.
Más allá de las especulaciones respecto de si el Cártel Jalisco Nueva Generación secuestró –el pasado 15 de agosto– a uno o dos hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, y de si éstos ya fueron liberados –7 días después–, tras las negociaciones hechas presuntamente por el capo Ismael Zambada (según el periódico Río Doce), el hecho es que el Cártel del Pacífico se derrumba.
Según las estimaciones más conservadoras, desde 2006 más de 100 mil asesinatos en México han sido cometidos por los grupos armados de los cárteles del narcotráfico, las corporaciones policiacas de todo nivel y las Fuerzas Armadas. El número es exponencialmente superior a las 1 mil muertes en el campo de batalla con que se declaraba que en un país se libra una guerra civil.
En el actual gobierno no habrá “protección” para presidentes municipales, jefes de policía o funcionarios de cualquier nivel que estén involucrados con la delincuencia organizada,
“La violencia hacia las mujeres se debe, entre otras cosas, fundamentalmente a la discriminación que hay […], pensándolas como inferiores, como distintas. Y lo que
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