El testigo predilecto de la PGR en el sexenio de Calderón, Jeniffer, no dudó en señalar a Nicolás Hernández como cómplice del narcotráfico cuando éste ya no le era útil a Marisela Morales. Fue “una traición” de la exprocuradora, señala quien fuera delegado de la PGR en Quintana Roo y, por años, hombre cercano a la actual cónsul de México en Milán.
Los Zetas controlan total o parcialmente los negocios criminales en 21 entidades de México y tienen cobertura en otras cinco, a pesar de la existencia de cinco grupos dedicados exclusivamente a asesinarlos.
Desde hace varios sexenios, destacadamente en los dos últimos gobernados por el Partido Acción Nacional, la sumisa justicia mexicana dispuso que los principales narcotraficantes capturados en territorio nacional fueran extraditados a Estados Unidos para ser juzgados y encarcelados en aquel país, práctica similar a lo ocurrido en Colombia hace 30 años, cuando los principales líderes de los cárteles fueron reclamados por las autoridades estadunidenses y el gobierno colombiano accedió a entregarlos sin objetar, lo que ocasionó una guerra interna desatada por los llamados “extraditables” y con ello miles de muertes.
En el sexenio anterior, gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN), todos los responsables de la seguridad nacional conocieron perfectamente la constante intervención del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos del país. También sabían del espionaje de ese país a México porque la Secretaría de la Defensa (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (Semar) y la Procuraduría General de la República (PGR) utilizaron los equipos de espionaje e intervención de llamadas que empresas estadunidenses les vendieron por instrucciones precisas de la secretaria de Estado, Hillary Clinton.
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