Más de la cuarta parte de los ciudadanos del Reino de España son pobres y 700 mil hogares carecen de cualquier ingreso. El hambre llega a España. Los niños desnutridos ya se cuentan por decenas de miles; tan sólo en la desarrollada Barcelona, su ayuntamiento reconoce más de 2 mil 600 niños desnutridos. Es una situación general de derechos sociales vulnerados.
México requiere un cambio de fondo y no unas simples modificaciones cosméticas para que todo siga igual. Pero estas mutaciones sociales no se logran mirando al pasado sino al futuro.
Desde que el papa Alejandro VI, mejor conocido como Rodrigo de Borja (o Borgia), le “donó” a los españoles nuestras tierras, en 1493, hemos sido sujetos del saqueo de nuestras riquezas. Nuestra tierra ha sido invadida y sus riquezas fueron a parar a manos de potentados extranjeros. Incluso en 1787, cuando se expidieron las Reales Ordenanzas para la Minería, en lo que ellos llamaron la Nueva España, determinaron que los “jugos de la tierra” pertenecían a la corona de España, es decir, al invasor extranjero. Durante el porfirismo esta situación continuó, ya que en 1906 la Cámara de Diputados aprobó una ley en la que se eximía a las compañías petroleras de cualquier pago de impuestos –a excepción del impuesto de timbre– si explotaban terrenos privados.
Entre la demagogia que rezume a borbotones el proyecto (contra) reformador de Enrique Peña Nieto se escapan las verdades lacerantes que sus promotores y sus publicistas no logran dulcificar con los placebos de su retórica fatua, con el objeto de que la población las trague plácidamente. En su “conjura contra la nación”, siempre tratan de “engañarla con los mismos eufemismos y argumentos insostenibles”, como diría Manuel Bartlett.
La reciente Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-Unión Europea, celebrada en Santiago de Chile los días 26 y 27 de enero, vino a confirmar que la recesión económica que enfrentan los países del viejo continente ha entrado a una nueva etapa de agudización que les ha llevado a la “imperiosa” necesidad de buscar nuevos mercados externos para sus inversiones y exportaciones.
La legitimidad popular con la que se ejecutó la reforma judicial fue definitoria para que el proyecto de sentencia del ministro González Alcántara Carrancá no
“Somos conscientes del peso histórico que conllevará esta discusión; sabemos el eco de importancia que tendrá cada una de las palabras que aquí pronunciamos”, manifestó
El proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propuso “de manera injustificada y ‘mediante una nueva reflexión’ […] cambiar el criterio que
“Lo único que pide el pueblo de México a esta Corte es congruencia”, afirmó la ministra Lenia Batres Guadarrama en la sesión de la Suprema
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