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El pacto anti-México

El 2 de diciembre de 2012, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), así como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) firmaron el Pacto por México, que hasta habla de “respeto a los derechos humanos” precisamente en el momento en que la sociedad mexicana estaba impactada por la provocación y represión del 1 de diciembre en la Ciudad de México, en la que se encarceló no a los provocadores e infiltrados, sino a manifestantes pacíficos. Setenta personas inocentes que se manifestaban contra la imposición de Peña permanecieron más de una semana en la cárcel, y hoy todavía están procesando a 14 presos políticos de Peña, Ebrard y Mondragón.

La ruptura del pacto laboral y la nueva esclavitud asalariada

Ante la toma de la tribuna realizada por los diputados de la oposición (“desfiguro” que ruboriza a analistas modositos como Jorge Alcocer, tránsfuga de la “izquierda” como los tragicómicos René Arce o Rosario Robles), los “delincuentes que se hacen llamar legisladores” –como calificó el jurista Clemente Valdés a los congresistas del Partido Revolucionario Institucional (PRI)-Partido Acción Nacional (PAN)-Partido Verde Ecologista de México (PVEM)-Partido Nueva Alianza (Panal)– bramaron: “¡no a la violencia! ¡no a la violencia!”.

Por la aprobación del Protocolo Facultativo del PIDESC

Existen numerosos mitos alrededor de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Uno de ellos ha sido negar que éstos puedan ser motivo de sentencias de los tribunales por no ser jurídicamente vinculantes, debido a su naturaleza ligada a la satisfacción de necesidades básicas de las personas, como son alimentación, salud, vivienda, cultura, trabajo, agua y medio ambiente. Los DESC han sido vistos e interpretados como sugerencias de políticas sociales para que los Estados los consideren progresivamente. Esta visualización equívoca de las obligaciones de los Estados provoca que estas acciones sean tomadas como “actos de buena voluntad” y no como obligaciones. La aclaración es oportuna: todos los derechos humanos contienen, al menos, un elemento cuyo cumplimiento puede ser exigido por la vía judicial.

Liga Mx, nuevo fraude

La “profunda reestructuración” del futbol mexicano prometida por el presidente de la Liga Mx, Decio de María, y la Federación Mexicana de Futbol, a cargo de Justino Compeán, es frívola y no toca los verdaderos problemas que llevaron a la crisis en el césped y en consecuencia, baja audiencia televisiva e inasistencia a los estadios.

Las cuentas pendientes de Vicente Fox

A días de ser expulsado del Partido Acción Nacional, el expresidente Fox espera tener otro sexenio de impunidad. Sus correligionarios que ahora lo tachan de “desleal”, “rancio” y “miserable” son los mismos que hace 12 años lo llevaron al máximo cargo de representación popular en México, y que desde 2007 lo han mantenido al margen de la ley. Aún sin castigar, los excesos que cometió en la Presidencia: la remodelación de Los Pinos a favor de un amigo, los lujos de Marta Sahagún con cargo al erario, los negocios de los hijos de la otrora “pareja presidencial”.

El “acuerdo” Calderón-Televisa y anexas, a la basura

El señor Calderón, a punto de irse de Los Pinos (y su búnker, construido para eludir riesgos ante el armamento de punta de los matones del narcotráfico), intentó imponer la censura previa, que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe, a la información respecto a los hechos, actos y omisiones de su “no-guerra” contra la rebelión armada de las delincuencias, pero ha resultado un acuerdo fallido. Censura previa que “ninguna ley ni autoridad puede establecer”, pero que Calderón, Televisa y algunos otros medios de comunicación quisieron imponer en una complicidad pública, para evitar que los mexicanos, como opinión pública, estuvieran enterados. Con única finalidad de silenciar los homicidios culposos e imprudenciales que la subcultura jurídica del abogado jusnaturalista Calderón llama “daños colaterales”.

Asunto de justicia, no de más leyes

No es una coincidencia que la descomposición social en el país se haya profundizado a partir de que la ultraderecha está en el poder. Esto

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