Cuando se habla de rapiña contra el patrimonio de Petróleos Mexicanos (Pemex) inmediatamente se piensa en el flagelo del robo de combustibles, que tan sólo en enero pasado ascendió a 414 mil barriles; así como en los llamados moches o diezmos, que son los sobornos que empresarios pagan a algunos funcionarios de la petrolera para ganar contratos.
De enero a diciembre de 2016, los mexicanos le habremos pagado al líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, al menos 1 millón 565 mil 320 pesos.
Ningún empresario, grande o pequeño, y en sus cabales, aceptaría mantener un proceso de producción que le representara pérdidas o exiguas ganancias, insuficientes para cubrir sus obligaciones elementales como el pago a sus proveedores. Por tal razón, los mexicanos debemos plantearnos si vale la pena seguir extrayendo petróleo a un precio incosteable y analizar si no sería mejor opción dejarlo en los pozos hasta que los precios internacionales garanticen una verdadera utilidad.
Las autoridades mexicanas han mantenido en la impunidad, al parecer de manera deliberada, a todos los actores políticos y empresariales ligados a Oceanografía, la contratista favorita de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Desde hace varios sexenios el gobierno federal, a través de la empresa PMI (Petróleos Mexicanos Internacionales), filial de Pemex y que se maneja y administra como si se tratara de una empresa privada, se ha especializado en ocultar dinero público en paraísos fiscales producto de la comercialización internacional de crudo y otros productos derivados del petróleo (gasolinas), así como operaciones financieras diversas para la compra y contratación de bienes y servicios para la industria petrolera nacional, además de participar con acciones en empresas extranjeras como la refinería Deer Park en Estados Unidos o Repsol en España. Todo esto lo ha hecho con empresas de papel constituidas por servidores públicos en paraísos fiscales del Caribe y de Europa.
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