Ningún empresario, grande o pequeño, y en sus cabales,  aceptaría mantener un proceso de producción que le representara pérdidas o exiguas ganancias, insuficientes para  cubrir sus obligaciones elementales  como el pago a  sus proveedores. Por tal razón,  los mexicanos debemos plantearnos si vale la pena seguir extrayendo  petróleo a un precio incosteable y analizar si no sería mejor opción dejarlo en los pozos hasta que los precios internacionales garanticen una verdadera utilidad.

A principios de año, cuando el valor del crudo se derrumbó hasta los 24 dólares por barril, se puso de manifiesto  el mal negocio que representaba vender el hidrocarburo  por debajo de su costo básico de producción de 26 dólares, con  una pérdida de 2 dólares. Ante tan adverso escenario que obligaba a reconsiderar y evaluar el funcionamiento de Pemex, se optó por continuar con  una operación mercantil en franca desventaja.

En las últimas semanas, el imperceptible repunte de los precios del crudo, ha situado el barril de petróleo en el rango de los 30 dólares, costo aún lejano para compensar las millonarias pérdidas que desde el 2015 viene acumulando Pemex, ahora transformada en una empresa productiva del Estado, cuya quiebra ya toca  a sus puertas y  atribuida, entre otros factores, a  la caída de sus ventas, el incremento en el pago de sus impuestos, el alza en sus costos de operación, incrementado siete veces  por el desplome del peso frente al dólar, sus pasivos laborales  y los efectos acumulados de un saqueo permitido por décadas en la persona de sus directores y altos funcionarios. Pemex dejo de tener ganancias y ahora amenaza convertirse en un tonel  sin fondo, arrinconado en  un callejón sin salida.

El derrumbe de los precios internacionales del oro negro fue el detonante que vino  a dar el tiro de gracia a la emblemática empresa nacional en cuyos hombros descansó  gran parte de la consolidación de las instituciones y del desarrollo nacional del siglo pasado. Su insolvencia y falta de liquidez ha llegado al extremo de echar mano  a empréstitos de la banca de desarrollo (Bancomext, Nacional Financiera y Banobras), por un total  de 15 mil millones de pesos a fin de paliar los  adeudos con sus pequeños y medianos proveedores. Al cierre de 2015, la ex paraestatal tenía adeudos acumulados por 150 mil millones de pesos con contratistas y abastecedores, logrando subsanar de dicho monto sólo 20 mil millones de pesos con recursos propios.

Sin saldo a favor, Petróleos Mexicanos ha reconocido que la reforma energética no ha representado un alivió a sus finanzas en cuanto a la reducción de su carga fiscal se refiere. De acuerdo a lo planteado, la reforma permitiría a la ahora empresa productiva liberarse de la imposición de altos impuestos con el objetivo de fortalecer sus finanzas y hacerla más competitiva en el libre mercado que se avecina.

Sus funcionarios han reconocido en el Congreso que, por el contrario, se aumentó la tasa impositiva en 2015, pagando en su  primer trimestre por impuestos y derechos 99 mil 600 millones de pesos,  lo que le impidió tener ganancias por 174 mil millones de pesos, pero en contrasentido abonar una pérdida neta a sus finanzas  por 167 mil 600 millones de pesos.

En los hechos, Pemex sigue subsidiando, ahora con sus pérdidas y no con sus ganancias, al 33 por ciento del presupuesto público federal, bajo el pago del tramposo concepto de “utilidad compartida” que vino a suplir el antiguo derecho sobre hidrocarburos. Además, la reforma energética sólo autoriza a Pemex deducciones por un 12.5 por ciento, mientras que a las empresas privadas el beneficio de incrementa hasta un 60 por ciento.

Por el recorte de 100 mil  millones de pesos que  la petrolera afrontará este año,  dejará de producir 100  mil  barriles al día y abandonará procesos de extracción y exploración, dejándolos en manos de la iniciativa privada, anticipando su irreversible desmantelamiento, pues mientras las empresas privadas, nacionales y extranjeras, gozarán de exenciones fiscales, Pemex debe, en teoría, entrar a competir  enfrentando una  situación de bancarrota, agudizada por el aumento de su carga fiscal que la condena a quedar con los bolsillos vacíos. De no corregirse en lo inmediato el rumbo de la petrolera, se corre el riesgo de que en 2017 represente al país un quebranto fiscal del orden de los 200 mil millones de pesos.

Todo lo planteado en la reforma energética sobre el futuro promisorio de Petróleos Mexicanos se está viniendo  a pique y demuestra que su imposición realizada sin la aprobación de la sociedad y desoyendo la opinión de los expertos en la materia, es una irresponsabilidad de la clase gobernante que desde hace 30 años se ha empecinado en alentar el modelo neoliberal que ha permitido el saqueo tanto de Pemex como de los recursos naturales del país.

En el recuento de los daños aparecen los privilegios de que han gozado los altos funcionarios de la exempresa pública y el grado de corrupción con que se operaron y otorgaron miles de contratos de servicios y adquisiciones, ocultos y solapados en el tiempo de “vacas gordas”, que no tendrían cabida en otras empresas petroleras en el mundo. Prevaricantes funcionarios a los que nunca les importó el progreso del país sino el beneficio propio, mismos que despreocupados insisten en vender a precio de ganga nuestros hidrocarburos, anexando las pérdidas a las finanzas públicas que terminamos pagando millones de mexicanos.

En ningún país del mundo, un gobierno aceptaría mantener en operación a una empresa que se encuentra en evidente quiebra, con una deuda de 80 mil millones de dólares y acorralada por la falta de recursos que ha orillado  a anunciar su retiro de actividades en 95 campos petroleros que le fueron asignados en la llamada Ronda Cero.

Aunque se insista en señalar que la ahora empresa productiva del Estado es financieramente viable, sus números dicen lo contrario pues los principios de contabilidad básica establecen que cuando los pasivos de una empresa son mayores a sus activos, la quiebra es un hecho consumado y en el tercer trimestre de 2015, los estados contables de Pemex arrojaban pasivos por 3 billones 240 mil millones de pesos frente a 2 billones 140 mil millones de pesos de activos.

Si la irresponsable clase política no mete reversa y rectifica el rumbo de la  petrolera, el resto de la economía pagará las consecuencias de proseguir en la venta de nuestro petróleo acumulando pérdidas. Ya millonarios recursos a programas sociales han sido cancelados y rubros como la salud y la educación saldrán seriamente afectados por los recortes presupuestales. Y no está por demás cuestionarnos: ¿Y hasta cuando se dignarán tomar  en cuenta a los  millones de mexicanos que saldremos afectados con esta política neoliberal?

Martín Esparza Flores

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]

Contralínea 483 / del 11 al 16 de Abril, 2016