Los cárteles Jalisco Nueva Generación, de los Beltrán Leyva y La Familia Michoacana, así como tres violentas pandillas ligadas a éstos, asolan Morelos. En juego, la ruta Ciudad de México-Guerrero.
Al descrédito y desgaste acumulados en que metieron a la Procuraduría General de la República (PGR) en los primeros 3 años de gobierno, cuando su entonces titular Jesús Murillo Karam inventó la “verdad histórica” de Ayotzinapa sobre los 43 normalistas rurales desaparecidos (que afortunadamente le valió su renuncia), ahora se suma el injustificado acoso que la sucesora Arely Gómez ha ordenado en contra de la actriz Kate del Castillo, por reunirse con Joaquín Guzmán, el Chapo, en busca de una producción fílmica, así como la nueva arbitrariedad de abrirle un expediente penal al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, por el supuesto delito de fraude por 2 millones de dólares.
La intervención de comunicaciones es cada vez más recurrida por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República (PGR), para la supuesta investigación de delitos relacionados con la delincuencia organizada y las “amenazas” a la seguridad nacional.
La recaptura de Joaquín Guzmán Loera, alias Chapo Guzmán, difícilmente impactará en el negocio multimillonario de las drogas. Tan sólo en 2015, los cárteles se habrían embolsado entre 6 mil millones y 39 mil millones de dólares [es decir, entre 102 mil millones y 663 mil millones de pesos, a un tipo de cambio de 17 pesos por dólar], según estimaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (informe National money laundering risk assessment 2015).
Dos de los más recientes procesos judiciales que se ventilan públicamente e involucran a políticos, artistas y narcotraficantes con el supuesto delito de lavado de dinero, confirman la desigualdad en la aplicación de justicia que hay en nuestro país. Por un lado, el gobierno protege a los amigos y miembros del sistema y evita que rindan cuentas y enfrenten a la justicia, como sucede con el exgobernador y expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira. De manera distinta, se acosa judicialmente y se violan derechos a quienes critican al gobierno y antes de un juicio se les exhibe públicamente en una clara afectación al debido proceso, tal como ocurre con la actriz Kate del Castillo.
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