El abusivo y descontrolado uso de recursos financieros en la última campaña presidencial, que provocó acusaciones de todo tipo entre excandidatos y partidos políticos, motivó que la Cámara de Diputados acordara hace un par de semanas integrar una comisión especial investigadora del manejo de recursos públicos en las campañas del proceso electoral 2012.
Los servicios de salud pública de Nuevo León habrían incurrido en presuntas anomalías por más de 460 millones de pesos, señala la Auditoría Superior de la Federación. De este total, 303 millones se destinaron a objetivos distintos a los etiquetados y a pagos irregulares al personal médico; los otros 157 millones de pesos, provenientes del Seguro Popular, se subejercieron, indica el máximo órgano fiscalizador de México.
Producto de la revolución social de 1910, una de las primeras en América Latina, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –como oficialmente se llama el Estado mexicano– reconoció el régimen social de la tierra y los recursos naturales, misma que en 1992 cambió sustancialmente para favorecer la intromisión del capital en ellas. El Artículo 27 de la Constitución de 1917 estableció la propiedad originaria de las tierras y los recursos naturales existentes en ella a favor de la nación, la cual se reservaba el derecho de transmitirla a los particulares para formar la propiedad privada y la social (ejidos y comunidades), que revestían carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles; además de la pública, que pertenecía al Estado.
Decir que en México, como en el mundo, la visión de desarrollo macroeconómico compite directamente con la del desarrollo de los derechos humanos y sociales no es nada nuevo. Sin embargo, la actualidad hace de esta observación un imperante en la reflexión política de los próximos años. Hoy en día es innegable que se le da un claro privilegio a un cierto tipo de políticas sobre otras: se abre la explotación de recursos naturales sin importar el detrimento de la propia naturaleza y se cierra el derecho a las políticas de desarrollo autonómicas; se incrementan las reformas y sobrerreformas en detrimento del criterio ciudadano; se celebra la eficiencia de empresas de “calidad mundial”, como la Comisión Federal de Electricidad, y se ocultan los barrancos económicos a los que se está llevando a grandes sectores de la población. En fin, se procura sacar ventaja económica a toda acción, incluso a la guerra.
Por primera vez en materia de derecho a la información, la Suprema Corte de Justicia analizó la proyección pública de las personas privadas –sean físicas o morales– que mantienen negocios con el gobierno, y resolvió que su actuación es de interés público y su exposición en los medios informativos en casos de corrupción e irregularidades es legal, en tanto que involucra al erario. Así, la resolución del juicio por daño moral en contra del semanario Contralínea interpuesto por Blue Marine Technology Group, contratista de Pemex, establece un precedente para la prensa mexicana: la incidencia que tienen las personas privadas en la sociedad, por sus actividades profesionales, es susceptible al escrutinio periodístico, amparado por la Constitución
Por unanimidad de votos, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma al artículo 21 constitucional, el cual otorga a la Secretaría de Seguridad
Después de una sesión de dos días, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el dictamen de reforma constitucional para desaparecer
Las “más de 800 modificaciones” que ha sufrido la Constitución Mexicana, desde su promulgación en 1917, “erosionan su estabilidad y legitimidad”, criticó la presidenta de
Con el proyecto Seguridad energética, hídrica y alimentaria para pueblos originarios en regiones costeras semiáridas del norte de México, se está impulsando el uso de
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