El gobierno de México contrata deuda por más de 678 millones de dólares con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para incorporar los bosques y selvas del país al Redd+.
“Proteger” algunos bosques no detiene la deforestación. Se intensificará la tala de aquellos que no están “protegidos”. Sin una solución integral, las grandes empresas fingen ser industrias verdes mientras contaminan el planeta igual o más que antes de comprar los bonos de carbono. Los dueños de los bosques, condenados a la miseria
El gobierno mexicano prepara la incorporación de 138 millones de hectáreas (el 70 por ciento del territorio nacional) al mecanismo internacional Redd+.
Frente a la crisis climática global, los bosques y las selvas son territorios en disputa. Contenedores de biodiversidad, madera, agua y oxígeno, las tierras son altamente codiciadas. Sus habitantes (pueblos indígenas y campesinos) son empujados a participar en la llamada economía verde.
Bajo el esquema REDD+ el gobierno de Chiapas impulsa la venta del oxígeno de la selva Lacandona al mercado de carbono. Sin consulta pública ni transparencia, el gobernador Juan Sabines abre paso en México a un mercado que de acuerdo con expertos pretende privatizar un bien público: el aire.
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