Mientras Función Pública exime a empleados de filial de Pemex declarar patrimonio, Inai determina que los negocios de la petrolera –por más de 500 mil millones de pesos– vinculados a empresas offshore no son sujetos de la Ley de Transparencia
En el ámbito de la atmósfera oficial no dejan de flotar las mentiras concernientes a las bondades de la reforma energética, bajo cuya apertura en el sector eléctrico se trata de vender al país la idea de la baja en las tarifas de electricidad, como años atrás sucedió con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en octubre del 2009, que en sentido inverso fomentó más daños que beneficios a la economía de los 6 millones de usuarios de la zona centro, al asumir la prestación del servicio la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hoy en quiebra.
Uno de los peores retrocesos que trajo consigo la reforma energética es el referente al territorio con potencial energético. En el caso petrolero, la nueva reglamentación indica que la servidumbre legal de hidrocarburos tiene un carácter estratégico, y por tanto se privilegiarán los intereses empresariales por encima de la voluntad de los dueños de la tierra, incluso cuando se trate de pueblos indígenas y campesinos.
La reforma del gobierno federal en materia energética no sólo busca privatizar los recursos petroleros: el esquema de explotación del que se beneficiarían las empresas privadas extranjeras es tan rapaz que en poco tiempo las reservas de hidrocarburos quedarían agotadas
Al margen de la discusión de la reforma energética, los pueblos indígenas. Legisladores, políticos, académicos… discuten qué hacer con los recursos energéticos del país, muchos de los cuales se encuentran en territorios de los pueblos originarios, a quienes no se les toma en cuenta.
La crisis del sistema de representación es patética. El 80 por ciento de la población mexicana está en contra de entregar la industria petrolera a las grandes corporaciones extranjeras y nacionales y, sin embargo, el Congreso de la Unión se dispone a aprobar la reforma energética. El 80 por ciento de la población quiere que playas y fronteras pertenezcan a la nación, pero los diputados ya aprobaron su libre venta a extranjeros.
Las protestas masivas contra la privatización del petróleo tienen sustento: Pemex no es poco rentable, sino que lo han quebrado en forma deliberada.
Las autoridades afirman que la reprivatización del petróleo y la energía eléctrica es para “modernizar” las paraestatales, pero de esa cantaleta mediática no hay una sola evidencia. Ninguna privatización o reprivatización ha sido en beneficio de la sociedad. Ni siquiera un caso pueden exponer los porristas oficiales. Lo cierto es que los grandes empresarios vienen por los recursos energéticos de México y el gobierno se impacienta por entregárselos. Le apuestan a que la sociedad, atomizada o dormida, lo permitirá.
Si las declaraciones del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en el sentido de que la reforma al sector energético debe ser la resultante de una “gran discusión nacional” donde “hablen la sociedad y los especialistas”, las pretensiones de un albazo legislativo deben desecharse para dar paso a un verdadero análisis a fondo de un asunto que tendrá repercusiones para el futuro de millones de mexicanos.
Es indudable que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional transformó radicalmente las coordenadas de la política mundial. Ya no basta con definirse de “izquierda” o de “derecha”.
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