
Archivo General de la Nación, rebasado por sus nuevas responsabilidades
El Archivo General de la Nación no cuenta aún con los recursos humanos y financieros para encarar las atribuciones que le otorga la nueva Ley

El Archivo General de la Nación no cuenta aún con los recursos humanos y financieros para encarar las atribuciones que le otorga la nueva Ley

Roma, Italia. Pocos países no se vieron salpicados por los documentos filtrados y divulgados este mes por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés). Los llamados Papeles de Panamá revelaron que hay unos 12 jefes de Estado, algunos en funciones y otros no, entre los 143 dirigentes políticos, familiares y allegados que utilizaron paraísos fiscales de forma secreta.

Cada año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) da cuenta en su informe sobre el mal manejo y el desvío de recursos públicos en las administraciones de las secretarías de Estado, órganos descentralizados, empresas gubernamentales, gobiernos estatales y presidencias municipales, entre otros.

La Secretaría de Salud incurrió en dos sobregiros presupuestales por más de 790 millones de pesos en publicidad oficial. La Función Pública ya audita los 4 mil 600 millones de pesos que gastó la dependencia entre 2010 y 2012, para favorecer de forma discrecional a algunos medios de comunicación. El amplio expediente de promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria apunta al extitular de Comunicación Social de Salud y actual vocero del Senado de la República, Carlos Olmos Tomasini, quien signó 629 contratos “sin contar con suficiencia presupuestaria”

Una vez concluido el análisis de la Cuenta Pública 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció la semana pasada ante la Procuraduría General de la República lo que ya sabían todos los mexicanos: la corrupción millonaria del gobierno panista en la construcción de la torre Estela de Luz. Comisiones, cobros excesivos e irregularidades administrativas por unos 400 millones de pesos son los ilícitos operados por funcionarios corruptos y abusivos.











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